Los Ángeles – Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia presentó este martes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por suspender dos programas de subvenciones por cerca de 2.000 millones de dólares destinados a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos bajo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) de 2022.
Encabezada por California y Colorado, la demanda sostiene que la suspensión de estos fondos constituye una violación de la separación de poderes, ya que la financiación fue aprobada por mayorías bipartidistas en el Congreso. Según los demandantes, retener estos fondos obstaculiza la innovación tecnológica en transporte limpio, dificulta la creación de empleos verdes y deja a las comunidades sin acceso a transporte limpio y asequible.
El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró durante la presentación de la demanda: «Esto no se trata de política partidista, se trata del futuro de nuestra economía, nuestro país y nuestro planeta… este es otro intento imprudente que paralizará la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático». Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que con 2,4 millones de vehículos eléctricos en las carreteras del estado y proyectos listos para avanzar, están preparados para pelear en los tribunales para obtener los fondos aprobados.
Los programas afectados incluyen:
-
Programa de infraestructura de carga y abastecimiento de hidrógeno: 2.500 millones en fondos discrecionales para gobiernos estatales y locales.
-
Programa de reparación y mantenimiento de cargadores de vehículos eléctricos: subvenciones para estados y municipios.
Según la demanda, desde la primavera de 2025, el Departamento de Transporte de EE.UU. y la Administración Federal de Carreteras (FHA) no han desembolsado los fondos de ambos programas. La decisión de detener los pagos se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su Gobierno, que instruyó a las agencias federales a cancelar el Nuevo Pacto Verde y detener los desembolsos aprobados bajo la ley estrella del Gobierno de Biden.
Además de California y Colorado, los estados demandantes incluyen Washington, Arizona, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Pensilvania. La coalición advierte que la falta de financiación podría frenar significativamente la expansión de la infraestructura de carga y retrasar la transición hacia un transporte más limpio en todo el país.
