Santo Domingo. – El balance ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre las víctimas, rescatados y afectados por los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, ha generado cuestionamientos sobre la metodología utilizada por el Gobierno venezolano para construir sus cifras oficiales.
Rodríguez informó que, según análisis con drones, sobrevuelos, revisión del censo existente, encuestas hospitalarias y testimonios de familiares y rescatistas, unas 30,000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar al momento de los movimientos telúricos.
Sin embargo, la cifra ha abierto interrogantes debido a que el último censo nacional realizado en Venezuela corresponde al año 2011. Ese. levantamiento, conocido como el XIV Censo Nacional, fue ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre septiembre y noviembre de ese año.
La ausencia de un censo actualizado dificulta establecer con precisión cuántas personas residían o se encontraban temporalmente en esas zonas al momento de la tragedia, especialmente en áreas con alta presencia de viviendas vacacionales, visitantes, trabajadores y residentes permanentes.
Otra de las dudas planteadas gira en torno al origen de las cifras sobre personas rescatadas, fallecidas, heridas, damnificadas y aquellas que lograron salir por sus propios medios, tomando en cuenta que, según reportes surgidos tras la emergencia, los primeros auxilios en distintos puntos fueron realizados por civiles, familiares, voluntarios y rescatistas que actuaron inicialmente sin una coordinación directa con el Gobierno central.
Rodríguez indicó que entre 13,400 y 13,500 personas habrían salido de la zona de desastre por sus propios medios o con ayuda de familiares, mientras que otras 6,461 fueron rescatadas durante los días posteriores. Ante esos datos, surgen preguntas sobre quién registró esos casos, cómo fueron verificados y qué mecanismos se utilizaron para evitar duplicidades o inconsistencias.
La situación adquiere mayor relevancia por las características de las zonas afectadas. En Caraballeda, según el propio Rodríguez, una parte importante de las edificaciones corresponde a unidades vacacionales, mientras que en Catia La Mar predomina una población más residencial. Esa diferencia obliga a distinguir entre habitantes permanentes, vacacionistas, visitantes temporales y personas en tránsito al momento de los terremotos.
A la vez, la magnitud de la emergencia contrasta con la precisión de algunos números oficiales. La Organización de las Naciones Unidas habría solicitado el envío de 100,000 bolsas para restos humanos ante la dimensión de la catástrofe sísmica, mientras el balance oficial citado registra 1,719 muertos y 5,000 heridos.
También se ha informado que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la gravedad del sistema médico local, que estaría atendiendo a unos 22,000 pacientes. Además, Estados Unidos financia reparaciones de infraestructuras y mantiene cuatro hospitales de campaña en La Guaira para asistir a los afectados.
En ese contexto, distintos sectores consideran necesario que el Gobierno venezolano explique con mayor detalle cómo está contabilizando a los fallecidos, heridos, pacientes, damnificados, desaparecidos y rescatados, así como la forma en que incorporó los reportes de civiles y rescatistas independientes que participaron en las primeras labores de auxilio.
Especialistas en manejo de desastres suelen advertir que, en emergencias de gran escala, las cifras iniciales pueden variar conforme avanzan los levantamientos de campo, las identificaciones forenses, los reportes hospitalarios, los registros de refugios y las denuncias de personas desaparecidas.
Por ello, se considera clave transparentar si el balance oficial tomó en cuenta registros de hospitales, morgues, refugios, hoteles, condominios, juntas de vecinos, compañías telefónicas, cámaras de seguridad, listados comunitarios y testimonios de familiares.
Hasta que no se precise la metodología utilizada, el balance presentado por Jorge Rodríguez seguirá bajo cuestionamientos, especialmente por la falta de un censo actualizado, la complejidad demográfica de las zonas afectadas y las dudas sobre la coordinación de los datos recogidos durante las primeras horas de la tragedia.
