PUNTA CANA. – La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, reveló que por primera vez ha sido sancionado un caso por colusión en las contrataciones públicas, referente a dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional.
Este hecho fue valorado y reconocido por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien se refirió a la sanción del primer caso de colusión como un éxito en la gestión de la presidenta Vásquez Taveras.
‘‘Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión y por primera vez aquí tenemos sentencia de esta práctica anticompetitiva’’, expresó Ortiz Bosch, al pronunciar las palabras introductorias del conversatorio ‘‘ProCompetencia: Mejores prácticas en Cumplimiento Normativo y Transparencia”.
En su intervención, Vásquez Taveras, titular de ProCompetencia, destacó que entre los hallazgos que sirvieron de base para detectar el esquema colusorio entre las empresas participantes figuran la relación entre los accionistas de ambas empresas pertenecientes a un mismo núcleo familiar; la coincidencia en los precios y productos ofertados, así como la representación mutua en la fase de ejecución contractual.
Otro de los temas abordados fue el rol de los representantes de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), a los que calificó como piezas fundamentales en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones gubernamentales, así como en el ámbito de las contrataciones públicas, cuya función es vital para prevenir el favoritismo en la asignación de contratos y la colusión.
‘‘Sin temor a equivocarnos, los representantes de las OAI fungen como una herramienta de control y supervisión, promoviendo un entorno de compras más equitativo y eficiente, a sabiendas de que la contratación pública es un proceso altamente susceptible a la corrupción y prácticas anticompetitivas. Ante esto, las OAI son responsables de garantizar que la información relevante sobre los procesos y decisiones del sector público esté disponible para el escrutinio de la sociedad’’.
Vásquez Taveras se pronunció en estos términos al participar en el segundo día del 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, que organiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
