Santo Domingo.-En la semana que termina tres funcionarios se encargaron de producir nuevas afectaciones a la imagen del Gobierno, que viene “mellada” desde la presentación del proyecto de reforma fiscal.
Estos funcionarios son el Limber Cruz, ministro de Agricultura, que generó malestar con su propuesta de que el Gobierno legalice a los haitianos que tienen más de un año trabajando en fincas o construcciones.
La propuesta se produce en momentos que el Gobierno ejecuta un plan de activación de las deportaciones, que contempla la deportación de al menos 10 mil haitianos ilegales por semana.
Otro funcionario que ha provocado una vorágine de cuestionamiento al Gobierno es Bartolomé Pujals, director ejecutivo de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), con el alquiler de varios pisos de un suntuoso edificio por RD$1440,331,299.88 para la sede central de la dependencia, en un contrato que compromete los recursos públicos por 10 años.
Pero las más ácidas críticas contra Pujals, quien es de profesión abogado y su formación es de esa área y en la administración, son por la dilapidación fondos públicos cuando el Gobierno trata de presentar a la población una imagen de austero y de que realiza un gasto responsable.
Y el tercer funcionario es Sigmund Freund, ministro de Administración Pública (MAP), quien emitió la circular 018031, mediante la cual obliga a los empleados públicos a presentar constancia del pago de las facturas por los servicios de electricidad y agua potable.
El ministro Freund ha cosechado una “avalancha de críticas” porque a juicio de abogados, políticos y comunicadores, la medida es violatoria de varias leyes y la Constitución porque atenta contra la intimidad y la dignidad de los servidores públicos y sus familias.
Las acciones de esos funcionarios, sumadas al “ventarrón”, que provocó el caso de Carlos Pimentel han llevado a una parte de la población a considerar que el Gobierno improvisa y que le falta pericia a los funcionarios.
Lo más llamativo, es que el Gobierno se está forjando una imagen de que no respeta las leyes y la Constitución.
Súmese a esas acciones, la firma del acuerdo marítimo con el Reino de los Países Bajos, que algunos sectores aseguran es violatorio de la Constitución porque cede mar a esa nación, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo declaró conforme a la Carta Magna.
