Un comunicado de la CPI dice que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la corte “consideró que la presunta conducta de los señores (Benjamín) Netanyahu y (Yoav) Gallant entraba dentro de su jurisdicción”. “La Sala recordó que, en una composición anterior, ya decidió que la competencia del tribunal en la situación se extendía a [la Franja de] Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este”, añadió.
“La sala también encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil”, denuncia. Las órdenes de detención se clasifican como “secretas”, para proteger a los testigos y salvaguardar el desarrollo de las investigaciones.
La sala también consideró que “ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de la Franja de Gaza de artículos necesarios para su supervivencia, como alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”.
“Sus acciones han provocado la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para suministrar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada de Gaza”, explica la corte. Mientras, las restricciones de Israel, junto con los cortes de electricidad y la reducción del suministro de combustible, también afectaron gravemente la disponibilidad de agua en el enclave palestino y la capacidad de los hospitales para prestar atención médica.
