Santo Domingo.- Los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana firmaron un informe disidente en el que se oponían al juicio político contra la Cámara de Cuentas. “En ese momento, entendemos que estábamos en pleno período de campaña, y había una especie de oposición sistemática: si el gobierno proponía algo, nos oponíamos”, expresó Rogelio Alfonso Genao, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados.
En una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Genao explicó que en 2023 se inició una investigación a la Cámara de Cuentas luego de los conflictos públicos entre sus miembros, quienes se acusaban mutuamente de irregularidades.
“El Congreso comenzó una investigación que resultó en un informe detallado en el que se documentaron faltas graves cometidas por los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Se recomendó un juicio político por alteración de actas, ocultamiento de auditorías, despidos incorrectos de empleados y otros numerosos actos irregulares que figuran en el informe”, precisó el legislador.
Genao destacó que en ese momento el tema se politizó, y para que el juicio político procediera, se requería una mayoría especial de dos terceras partes de los 127 legisladores de la Cámara de Diputados. En ese contexto, el PRM y sus aliados sumaban 94 votos, mientras que los demás votos eran de Fuerza del Pueblo y el PLD, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el juicio político a este órgano fiscalizador.
Además, señaló que los legisladores de esas dos fuerzas políticas se dirigieron a los medios de comunicación para argumentar que las faltas señaladas no eran tan graves como para someter a juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.
El diputado explicó que la ley que regía no especificaba de manera adecuada lo que constituía una falta grave y no limitaba suficientemente las acciones del pleno de la Cámara de Cuentas. Por esta razón, el Congreso aprobó la nueva Ley de la Cámara de Cuentas (Ley 18-24), que establece con claridad qué constituye una falta grave, tomando en cuenta los hallazgos de la auditoría realizada a esta entidad.
“Nosotros entendemos que es incorrecto archivar una auditoría que señala corrupción e indicios de acciones penales, las cuales están castigadas por la ley. La ley le da la facultad de ocultarlo mediante una votación, y por eso actuamos con la nueva ley, que es mucho más rigurosa en cuanto a los procedimientos y los límites del poder de la Cámara de Cuentas”, precisó Genao.
