Santo Domingo. La organización cívica Participación Ciudadana expresó su posición sobre el proyecto de ley que busca viabilizar las candidaturas independientes mediante la creación de asociaciones cívicas, iniciativa impulsada por la Junta Central Electoral (JCE) tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) No. TC/788/2024, del 13 de diciembre de 2024.
La propuesta legislativa, elaborada por la JCE y remitida al Congreso Nacional, surge como respuesta al mandato constitucional de garantizar el derecho a ser elegido, conforme a lo dictado por el Tribunal Constitucional.
El proyecto establece un marco regulatorio para las nuevas asociaciones cívicas (AC), definiéndolas como entidades de carácter transitorio, creadas exclusivamente para postular candidaturas independientes en un proceso electoral determinado.
Preocupaciones sobre viabilidad y equidad
Sin embargo, Participación Ciudadana advirtió que el proyecto contiene disposiciones que deben ser discutidas y modificadas para asegurar su constitucionalidad y factibilidad.
Entre los puntos críticos, la organización resalta que sujetar la inscripción de estas asociaciones a la Ley No. 122-05 que regula las entidades sin fines de lucro podría hacer inviable su constitución, dado el tiempo y la complejidad del proceso. En ese sentido, propone que la JCE sea la entidad responsable de su registro y supervisión, dada su naturaleza puramente electoral.
La organización también señala una serie de inconsistencias en el articulado, como la contradicción entre la temporalidad de las asociaciones y la posibilidad de mantener personería jurídica más allá del proceso electoral. A su juicio, este elemento genera confusión y podría ser jurídicamente inaplicable.
Inequidades en los requisitos
Otro aspecto cuestionado es la diferencia en los requisitos para presentar candidaturas: mientras a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se les exige el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones, a las asociaciones cívicas se les pide el 2% del padrón electoral, lo que representa un umbral significativamente mayor.
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Además, estas últimas contarían con solo 30 días para recolectar las firmas requeridas, a diferencia de las demás organizaciones políticas que no tienen un plazo limitado.
Participación Ciudadana considera que estas diferencias son discriminatorias y podrían ser recurridas por inconstitucionalidad, violando el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución.
El polémico artículo 25 y el sorteo
Especial preocupación genera el artículo 25 del proyecto, que contempla un sorteo entre asociaciones cívicas cuando haya más de tres candidaturas independientes para un mismo cargo.
La entidad considera inconcebible que ciudadanos que cumplan con todos los requisitos legales deban depender del azar para poder ejercer su derecho a postularse, calificándolo como un mecanismo contrario al principio de razonabilidad y a la esencia misma del derecho electoral.
Asimismo, critican que las AC solo puedan presentar una candidatura por nivel de elección, aun si sus votos les permitirían acceder a más de un escaño. Esta disposición, a juicio de la organización, contradice tanto el artículo 74 como el 39 de la Constitución al establecer una limitación irrazonable y desigual.
Llamado al diálogo y al consenso nacional
Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional para que revise detenidamente el proyecto, escuche a expertos constitucionales y tome en cuenta las observaciones de la sociedad civil.
La organización considera que este es un momento oportuno para avanzar hacia un sistema electoral más justo, plural y democrático, y plantea que las reformas pendientes en las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral deben formar parte de un acuerdo nacional más amplio.
“Aspiramos a que nuestras observaciones sean consideradas, para que este proyecto fortalezca la democracia, respete los derechos fundamentales y asegure igualdad de condiciones para todos los actores del proceso electoral”, concluye el comunicado.
