Redacción. – El coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fernando Peña, denunció a través del Grupo Multimedios Su Mundo que la operación de la minera Barrick Gold en República Dominicana se basa en un contrato que presenta graves irregularidades legales y administrativas.
Según el académico, dicho acuerdo ha permitido que la empresa extranjera opere con ventajas desproporcionadas, afectando negativamente el bienestar social, económico y ambiental del país.
El coordinador hizo especial énfasis en el impacto ambiental que genera la instalación de nuevas presas de cola en la zona de Cotuí, estructuras utilizadas para almacenar residuos tóxicos resultantes del proceso de extracción de oro.
Uno de los proyectos más polémicos, según explicó, es la propuesta para construir una presa de cola en la comunidad de El Naranjo, cuya magnitud superaría a la ya existente en El Llagal, considerada una de las más grandes del Caribe.
Desplazamientos forzosos y daños ambientales
La situación ha obligado a la reubicación de cerca de mil familias, mientras que otras comunidades en provincias cercanas podrían verse igualmente afectadas por la contaminación de fuentes hídricas y suelos agrícolas.
Asimismo, denunció que estos desplazamientos no se están llevando a cabo con el debido respeto a los derechos humanos, ni con una compensación justa, y que en muchos casos han sido acompañados de desalojos forzosos, generando un creciente malestar social.
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Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Peña es el cambio de postura de sectores políticos que anteriormente respaldaban los planes de reubicación como parte de una supuesta “estrategia de desarrollo”. Sin embargo, actualmente según sus declaraciones las autoridades han optado por el silencio o la indiferencia, dejando a las comunidades afectadas sin respaldo institucional.
Protestas ciudadanas y creciente resistencia social
A principios de 2025, cientos de ciudadanos se manifestaron en las calles de Cotuí para denunciar lo que consideran un abuso por parte de Barrick Gold. Las protestas, encabezadas por comunitarios, activistas y representantes locales, exigieron transparencia en los procesos de reasentamiento, respeto a los derechos humanos y una revisión del contrato entre el Estado dominicano y la empresa minera.
Peña advirtió que, si la situación continúa sin una intervención seria y responsable por parte del Gobierno central y las instituciones competentes, el país podría enfrentar una escalada de conflictos sociales, un deterioro ambiental irreversible y una pérdida de legitimidad institucional.
Además, reiteró el llamado a las autoridades para que se revise de manera urgente el contrato suscrito con Barrick Gold y se garantice que cualquier operación minera en el país respete la soberanía nacional, la legalidad y los derechos de las comunidades afectadas.
