La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación interpuesta por el ministerio Público contra la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, quien conoce el proceso judicial relacionado con el caso de presunta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en el caso de la empresa Transcore Latam.
El ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan E. Pérez Fulcar y Mirna J. Ortiz Fernández, había solicitado la recusación alegando parcialidad de la magistrada Padilla.
Según la instancia, la jueza mostró un supuesto “favorecimiento injustificado” hacia el imputado José Ángel Gómez Canaán “Jochi Gómez” al autorizar reiteradamente permisos de salida del país hacia jurisdicciones vinculadas a la investigación por lavado de activos.
Entre otros puntos, la recusación también señala supuestas contradicciones jurisprudenciales en decisiones previas de la jueza y una supuesta violación al principio de separación de funciones, al limitar según el ministerio Público el alcance de la investigación penal.
No obstante, tras analizar los argumentos, la Corte concluyó que no existen fundamentos legales ni evidencias suficientes que justifiquen la recusación.
En ese mismo orden, consideró que las decisiones adoptadas por la jueza Padilla se encuentran dentro del marco de su competencia legal y conforme a los principios del debido proceso.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz, Ramona Rodríguez López y Rafael A. Báez García, quienes firmaron la decisión junto al secretario del tribunal, Robert J. Infante Mejía.
