Santo Domingo. – El experto en temas internacionales y geopolítica Alfredo de la Cruz advirtió que los mercenarios que actualmente operan en Haití podrían ser sometidos a un consejo internacional de guerra, debido a su condición de combatientes ilegales bajo el derecho internacional.
“En el caso de Haití, como no tiene un ejército formal ni combate contra otro Estado, sino contra bandas irregulares, Erik Prince no está protegido por el Estatuto de Ginebra, aunque no debe ser un gran problema porque es el propio Estado quien lo contrata”, expresó el experto.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, de la Cruz explicó que figuras como Erik Prince, contratista militar privado y fundador de la extinta empresa Blackwater, fue contratado por el gobierno haitiano para combatir las bandas armadas, pero no estaría protegido por el Estatuto de Ginebra.
De la Cruz indicó que, aunque los contratistas militares privados no están regulados por el derecho internacional, en Estados Unidos se requiere una licencia para ejercer estas funciones. Sin embargo, advirtió que, si estos contratistas empuñan armas y son capturados en combate, pierden toda protección legal internacional y pueden ser condenados como mercenarios.
“Si esos contratistas militares privados empuñan las armas, que por lo general son desplegados en zonas conflictivas donde hay guerra de guerrillas, guerrilla urbana, si son capturados en acción de combate automáticamente pierden la protección del Estatuto de Ginebra, son catalogados como combatientes ilegales y podrían ser condenados a muerte por un tribunal militar”, sostuvo.
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No obstante, aclaró que, si los contratistas se dedican a labores de rescate, reconstrucción o salvamento y no participan directamente en combate, sí pueden ser tratados como prisioneros de guerra bajo el amparo de las convenciones internacionales.
El analista también se refirió a una reciente audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde el senador Marco Rubio criticó la eficacia de la OEA y planteó la posibilidad de revivir una fuerza interamericana como la que acompañó a las tropas estadounidenses en la intervención de 1965 en la República Dominicana.
Sobre la situación actual en Haití, de la Cruz opinó que la contratación de mercenarios por parte del propio gobierno haitiano representa un riesgo para los derechos humanos, ya que no hay una estructura clara de fiscalización, como sí ocurriría si se tratara de una operación liderada por Estados Unidos.
Finalmente, calificó como “un fracaso desde el inicio” el despliegue de las tropas kenianas enviadas a Haití, indicando que llegaron menos de mil efectivos, con armamento inferior al de las bandas y sin los recursos financieros desembolsados para su operación.
