Santo Domingo. – El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, expresó su desacuerdo con las medidas de coerción impuestas a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que “esta decisión se burla de las víctimas”.
Los hermanos Espaillat están imputados por homicidio involuntario, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrido el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo devastador de 236 fallecidos y más de 180 heridos.
La jueza Fátima Veloz, titular del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó como medidas cautelares el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país. Aunque el Ministerio Público logró que el caso fuera declarado complejo, Camacho consideró que las medidas adoptadas no reflejan la magnitud del hecho ni la responsabilidad que implica.
En contraste, la defensa de los imputados presentó documentos que, según alegan, demuestran que se han ofrecido compensaciones económicas a más de 40 víctimas y sus familiares. La empresa Inversiones E & L, S.R.L. habría firmado acuerdos de descargo y desistimiento con al menos 30 afectados, incluidos músicos de la orquesta de Rubby Pérez y familiares de algunas víctimas, quienes habrían recibido apoyo financiero para gastos médicos y personales.
Uno de los casos mencionados corresponde a Zulinka Yadhira Pérez, hija del fallecido artista Rubby Pérez, quien habría recibido una compensación legalmente validada para cubrir sus necesidades tras el suceso.
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Asimismo, la defensa solicitó que se descarte la prisión preventiva, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción del proceso judicial. Presentaron elementos que, según sostienen, contradicen las acusaciones de negligencia dolosa, como mensajes entre el exempleado Gregory Adames y los Espaillat, que mostrarían una relación cordial, cuestionando la credibilidad de su testimonio.
En un comunicado reciente, la familia Espaillat ofreció su versión de los hechos, asegurando que han actuado con responsabilidad y transparencia desde el primer momento. Señalaron que Antonio Espaillat se encontraba fuera del país el día del siniestro y que ha colaborado activamente con las autoridades desde su retorno.
El pasado 18 de junio, la familia hizo un llamado a que el proceso judicial se base en evidencias concretas y no en versiones distorsionadas de los hechos. Indicaron que han tomado medidas para preservar la escena del colapso y contrataron a un perito internacional con el fin de realizar una evaluación independiente de la estructura afectada.
A medida que avanzan los procedimientos judiciales, el caso continúa siendo centro del debate nacional, alimentando reflexiones sobre la justicia, la responsabilidad empresarial y la reparación a las víctimas de una tragedia que ha dejado una profunda huella en la sociedad dominicana.
