Redacción. – En una comunicación oficial dirigida a Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezada por Antoliano Peralta Romero, reafirmó que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos está vigente desde el 24 de diciembre de 2022, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial No. 11092.
Este documento, fechado el 3 de julio de 2025, disipa cualquier ambigüedad sobre la aplicación de la normativa, que ha sido motivo de disputa entre la Junta Distrital de Verón, Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey por el control de competencias territoriales.
Peralta precisa que, según el artículo 109 de la Constitución y el artículo 1 del Código Civil, las leyes dominicanas son de cumplimiento obligatorio desde el segundo día de su publicación. En este caso, afirma, no existe margen para interpretaciones o retrasos en su ejecución.
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“La Ley 368-22 entró en vigor tras su promulgación y publicación oficial y debe cumplirse desde el 24 de diciembre de 2022”, cita el documento. La confirmación refuerza la postura legal asumida por las autoridades del Distrito Turístico Verón, Punta Cana, que en mayo rompieron el acuerdo de distribución de arbitrios con Higüey (conocido como “50/50”) y establecieron su propia Oficina de Planeamiento Urbano, basándose en el artículo 24 de dicha ley.
Ese artículo otorga autonomía a los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes y capacidad de recaudación para gestionar su planificación territorial y emitir permisos de construcción.
Seguridad jurídica frente al conflicto institucional
Aunque la carta señala que aún queda pendiente la emisión de un reglamento de aplicación por parte del Ejecutivo, deja claro que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia.
Este posicionamiento llega en medio de la paralización de más de 30 proyectos inmobiliarios en Verón, debido a que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) no ha reconocido las certificaciones emitidas por la Junta Distrital, alegando que la competencia sigue en manos del cabildo de Higüey.
Con esta aclaración desde la Presidencia, se espera que las instituciones estatales reconozcan plenamente las atribuciones que la Ley 368-22 otorga a distritos como Verón, Punta Cana, tal como han reclamado Fedodim, empresarios del sector turístico y las autoridades locales.
