Santo Domingo.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción no privativas de libertad a ocho personas acusadas de formar parte de una red dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, que operaba desde el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, ordenó libertad bajo fianza, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados, pese a que el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, alegando peligro de fuga.
Las garantías económicas impuestas fueron las siguientes:
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Freddery García Ortiz, presunto cabecilla: RD$3,000,000
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María Carolina Durán Tavárez, su pareja: RD$2,000,000
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George Charlie Abreu Tejada: RD$1,000,000
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Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias: RD$500,000 cada uno
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Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Gomera Lagares: RD$200,000 cada una
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Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango): RD$150,000
El caso fue declarado complejo a solicitud del Ministerio Público, otorgando un plazo de 12 meses para concluir la investigación y presentar la acusación formal.
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Operación y hallazgos
La investigación inició a raíz de múltiples reclamaciones de clientes de una entidad financiera. Las pesquisas revelaron que los imputados habrían accedido de forma ilegal a perfiles bancarios, efectuando transferencias fraudulentas hacia cuentas controladas por miembros de la red, y retirando los fondos en cajeros y ventanillas.
Durante la operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección de Policía Cibernética (Dicat), se realizaron 34 allanamientos simultáneos con el apoyo de más de 200 agentes y 40 fiscales. Se incautaron evidencias como dispositivos electrónicos, libretas bancarias, documentos de identidad, sustancias controladas, vehículos e inmuebles.
Los fiscales Carlos Vidal y Gabriela Gómez Garrido presentaron alrededor de 100 elementos probatorios durante la audiencia.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, la Ley 53-07 y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La Fiscalía indicó que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, y continuará profundizando las investigaciones para identificar a más involucrados.
