Washington.– Las autoridades migratorias de Estados Unidos están solicitando a propietarios de viviendas datos confidenciales de sus inquilinos, incluidos contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, identificaciones, direcciones y vínculos familiares, en lo que expertos consideran un nuevo intento del gobierno de Donald Trump por intensificar las deportaciones.
El requerimiento, compartido por un abogado de Atlanta con la agencia AP, no está firmado por un juez, lo que ha despertado críticas sobre su legalidad. A pesar de esto, el documento incluye una advertencia de que los propietarios podrían ser declarados en desacato si no colaboran.
“El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, advirtió Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane, quien afirmó que los dueños podrían violar la Ley de Vivienda Justa si ceden ante la presión.
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Desde hace tiempo, agentes de ICE han utilizado citaciones administrativas sin orden judicial para intentar ingresar a viviendas, lo cual ha motivado campañas de organizaciones defensoras de derechos instando a la población a no abrir sus puertas sin una orden firmada por un juez.
La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la legalidad del procedimiento, aunque no confirmó si las citaciones están siendo emitidas masivamente. “El incumplimiento puede acarrear sanciones legales”, aseguró.
Abogados y expertos en vivienda advierten que la medida podría intimidar a los propietarios y socavar los derechos de los inquilinos, especialmente si estos nunca se enteran de que su información fue entregada a las autoridades.
