domingo, mayo 31, 2026

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Psiquiatra: Sistema judicial necesita un hospital para atender salud mental de los reclusos

“Debemos de tener una institución para personas con daños mentales”

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Santo Domingo. – El psiquiatra Luis Ortega hizo un llamado urgente este viernes durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, donde resaltó la necesidad de crear un hospital especializado en salud mental dentro del sistema judicial para atender adecuadamente a personas privadas de libertad que padecen trastornos mentales.

“Yo lo he dicho en varios medios: esas personas que tienen esta condición mental deben estar en una institución donde se revise su caso tanto médico como judicial. Y si se determina que, en el momento en que cometieron el acto, no estaban psicóticos, entonces sí deben cumplir condena en la cárcel”, expresó Ortega.

El especialista enfatizó que la agresión en muchos casos tiene un enfoque dirigido: “Vamos a una sola persona, vamos a ensañarnos con esa persona, o ese niño tiene algo que nosotros creemos que tiene y vamos a destruirlo. Deberíamos tener una institución donde demos seguridad a la población de que están en un lugar protegido, no en una cárcel”.

Ortega también alertó sobre la posibilidad de que enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia puedan llevar a algunas personas a cometer actos violentos sin plena conciencia de sus acciones.

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“La realidad es que el sistema judicial necesita contar con un hospital completo, con áreas de psiquiatría, para poder intervenir adecuadamente a estos individuos”, insistió.

El doctor denunció además el deterioro de las condiciones en el hospital Santo Socorro, señalando que “tenía ocho camas disponibles, pero ahora quitaron la unidad en la parte posterior y están usando un pasillo”. Agregó que existe una urgente necesidad de crear una unidad especializada para niños, ya que actualmente “tenemos solo ocho camas para el país entero, y eso no da abasto”.

La intervención del doctor Ortega reabre el debate sobre la atención a la salud mental dentro del sistema penitenciario y la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos y tratamientos adecuados a esta población vulnerable.

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