Santo Domingo. – El Ministerio Público acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a los demás imputados en el caso de corrupción administrativa de recurrir de manera sistemática a tácticas dilatorias con el objetivo de retrasar el inicio del juicio en su contra, en el que están señalados por malversar más de 6,000 millones de pesos del erario.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que durante la audiencia más reciente, las defensas volvieron a pedir una suspensión del proceso, alegando desconocer el auto de apertura a juicio emitido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el cual reincorpora al imputado Juan Azael Martínez.
“El Ministerio Público ha estado preparado en cada ocasión para avanzar con la acusación. No ha sido por causa nuestra que el juicio no ha iniciado. Más que un derecho de defensa, lo que se ha evidenciado es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso”, declaró Ortiz.
Se trata de la cuarta ocasión en que la audiencia es aplazada por incidentes presentados exclusivamente por las defensas, según puntualizó la representante del órgano acusador. Ortiz reiteró que el Ministerio Público estará listo para continuar el 22 de septiembre, fecha en que espera finalmente se dé inicio al juicio.
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El proceso es conocido por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Además de Rodríguez, están imputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias. También figuran Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los procesados enfrentan cargos por corrupción, entre ellos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, por hechos ocurridos durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República entre 2016 y 2020.
El expediente, que involucra a 41 personas físicas y 22 empresas, señala múltiples irregularidades y fraudes en la Procuraduría General de la República, según determinó el juez Amaury Martínez en el auto de apertura a juicio emitido el 29 de junio de 2023.
