Santo Domingo. – El Ministerio Público arrestó este miércoles a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, en cumplimiento de una condena irrevocable de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La captura fue realizada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), tras la emisión de la orden por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, mediante auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, fechado el 2 de septiembre de 2025.
La detención se produjo luego de un allanamiento con autorización judicial en la residencia de Pilarte López, ubicada en La Vega, tras lo cual se entregó voluntariamente ante las autoridades.
El caso alcanzó carácter definitivo con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ratificó la sentencia dictada el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala Penal de ese alto tribunal, actuando como tribunal de juicio en jurisdicción privilegiada.
Además de la condena de prisión, Pilarte López deberá pagar 200 salarios mínimos y las costas del proceso. También se autorizó el decomiso de múltiples bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, por su vinculación directa con el lavado de activos.
Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Pilarte integraba una red de lavado de activos encabezada por su esposo, Miguel Arturo (Micky) López Florencio, junto a sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, además de otros implicados, algunos de ellos declarados en rebeldía.
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Durante el juicio, se evidenció que la exlegisladora canalizó más de RD$4,418 millones a través del sistema financiero nacional, pese a haber declarado ingresos por solo RD$16.3 millones entre 2003 y 2021, según registros de la DGII y la TSS.
Bienes Decomisados
Entre los bienes incautados a Pilarte López figuran terrenos, propiedades comerciales y residenciales en La Vega y Jarabacoa. Entre ellos destacan:
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Una finca de más de 628 mil metros cuadrados en Jarabacoa.
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Terrenos de más de 28 mil metros cuadrados en Río Verde Arriba, La Vega.
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Varios locales comerciales, apartamentos y solares urbanos en distintos sectores de La Vega.
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En total, 14 propiedades fueron formalmente decomisadas.
El caso representa uno de los procesos más relevantes en la lucha contra el lavado de activos en la República Dominicana, por la magnitud del patrimonio implicado y por involucrar a una figura política que ejercía funciones públicas mientras se beneficiaba de una red delictiva.
La exdiputada cumple desde ahora su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
