En un giro explosivo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que agentes federales retomen redadas migratorias indiscriminadas en Los Ángeles, incluso si se basan en la apariencia, idioma o tipo de empleo de las personas. La decisión, emitida mediante una orden de emergencia sin explicación formal, marca una victoria significativa para la Casa Blanca y su ambiciosa política de deportaciones masivas —una de sus metas centrales.
Previamente, una jueza federal del distrito para el sur de California, Maame E. Frimpong, había dictado un interdicto temporal que prohibía detenciones basadas solo en raza, idioma, lugar de presencia (como car wash o sitios de construcción) o tipo de trabajo. El Tribunal revocó esa protección judicial.
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El fallo fue adoptado por una mayoría conservadora de 6-3, sin argumentación pública. Solamente el juez Brett Kavanaugh acompañó con una opinión concurrente justificando que factores como etnia, acompañados del “totalidad de circunstancias”, pueden ser “relevantes” para definir la sospecha razonable.
Juez de la Suprema, Sonia Sotomayor.
La jueza Sonia Sotomayor, junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, disintió con fuerza. Sotomayor advirtió que el fallo convierte a cualquier persona que “luce latina, habla español y trabaja en un empleo modesto” en potencial blanco de detención, sin protección constitucional. “That’s not justice. That’s racism with a badge,” señaló en términos que ni Shakespeare habría mejorado.
Juez de la Suprema, Elena Kagan
La ACLU adujo que la orden pone en riesgo a comunidades enteras, estableciendo un escenario de perfil racial permitido y un régimen de vigilancia arbitraria, especialmente en zonas latinas de California. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la resolución como “terror racial legalizado” y anticipó una batalla judicial sin cuartel contra lo que llamó una política inmigratoria xenófoba.
Juez de la Suprema, Ketanji Brown Jackson
La decisión aplica mientras el caso sigue su curso — especialmente si el Noveno Circuito mantiene el interdicto inicial. El Tribunal Supremo se ha mostrado dispuesto a pronunciarse formalmente si se le presenta un caso afirmativo. En medio de la narrativa de “seguridad nacional”, cientos de ciudadanos, defensores de derechos civiles y autoridades locales prometen resistencia legal, política y social.
Gobernador de California, Gavin Newsom
