Santo Domingo, R.D.– El dirigente político Vinicio Castillo Semán criticó la falta de consecuencias judiciales frente a casos de corrupción pública, y cuestionó el papel del Ministerio Público, al considerar que ha actuado de forma parcializada en los últimos años.
Castillo se refirió a una reciente auditoría de la Cámara de Cuentas, la cual —según dijo— reveló irregularidades por más de 254 mil millones de pesos en el Ministerio de Educación entre los años 2016 y 2018, sin que hasta el momento haya personas presas ni sometidas a la justicia.
“Estamos hablando de 254 mil millones de pesos. Y no hay un solo preso. Ni siquiera un investigado. ¿Qué tú crees que van a hacer los actuales?”, expresó durante su participación en el programa Matinal 5.
El dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), advirtió que la falta de sanciones genera una peligrosa percepción de impunidad, donde incluso los actos de corrupción se evalúan por la magnitud del robo y no por su ilegalidad.
“Parece que en este país hay que robar mucho para que valga la pena. Si devuelves tres mil millones, te quedas con nueve mil, y no vas preso. ¿Qué está pensando el que tiene un presupuesto de miles y miles de millones?, Que no hay sanción.”, cuestionó.
Castillo instó a que la energía demostrada recientemente por el presidente Luis Abinader contra la corrupción se traduzca en acciones concretas del Ministerio Público, incluyendo investigaciones a funcionarios actuales y no solo a exfuncionarios.
“La crítica de la gente es que solo se ha mirado para un lado. El Ministerio Público debe demostrar que está dispuesto a perseguir también la corrupción del presente gobierno, no solo la del pasado”, subrayó.
Reconoció que el proceso judicial requiere pruebas contundentes, tal como lo exige el Código Procesal Penal, pero insistió en que la inacción prolongada también es una forma de impunidad.
Finalmente, Castillo consideró que el reciente mensaje del presidente, en el que afirmó que “no habrá vacas sagradas”, debe reflejarse en hechos, y que todo aquel que haya cometido actos de corrupción —sin importar su rango o partido— debe responder ante la justicia.
