Santo Domingo. – Participación Ciudadana expresó que espera una investigación completa, profunda y transparente sobre las irregularidades denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La organización valoró el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público, así como las indagatorias de la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
El movimiento cívico recordó que las denuncias surgieron a raíz de publicaciones de periodistas de investigación y de la oposición, y posteriormente derivaron en una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas contra un proceso de SeNaSa considerado irregular. Para la entidad, estos hechos demuestran que la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es una tarea constante que trasciende gobiernos.
Según Participación Ciudadana, las anomalías detectadas en SeNaSa evidencian deficiencias de gestión, prácticas corruptas y clientelares, que han provocado un déficit financiero de miles de millones de pesos, retrasos en la entrega de medicamentos y en los pagos a prestadoras de servicios de salud. Esto, advirtieron, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y deteriora la credibilidad acumulada por la institución durante años.
La organización también manifestó preocupación por contratos que reflejan una intención de privatizar servicios de salud pública, particularmente la red de atención primaria, lo que —a su juicio— afectaría a los sectores más vulnerables. Indicaron que, aunque el sector privado aporta eficiencia e innovación, sin regulación ni transparencia el resultado suele priorizar el lucro sobre el bienestar colectivo.
El grupo cívico subrayó que el caso involucra no solo a SeNaSa, sino también a operadores del sector salud, públicos y privados, cuyas actuaciones deben ser investigadas a fondo. Asimismo, saludaron la decisión del Poder Ejecutivo de remitir los hallazgos al Ministerio Público y exigieron que se apliquen sanciones sin importar cargos, afinidades políticas o roles.
Finalmente, Participación Ciudadana enfatizó que la corrupción en el sector salud constituye una traición al deber de garantizar la vida y el bienestar de la población, pues cada acto de corrupción retrasa tratamientos, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de los pacientes. Reiteraron que la salud debe ser tratada como un derecho inalienable y no como un negocio.
