Santo Domingo, RD.— La madre de una cadete de segundo año de la Academia de Gatillo en San Cristóbal denunció públicamente que su hija fue drogada y violada dentro de las instalaciones de la institución y afirmó que, pese a haber informado el caso ante Asuntos Internos el 27 de mayo, inicialmente no se adoptaron medidas contundentes.
En declaraciones ofrecidas en un programa de televisión, la mujer relató que al presentar la denuncia recibió una respuesta que, según ella, se limitó a notificar a la dirección de la academia, sin que se procediera a una investigación de fondo. “Lo que hicieron fue avisarle a la academia… No hicieron nada”, sostuvo la madre.
La denunciante afirmó además que se sabe quiénes serían los responsables y mencionó al mayor José Manuel Luciano Soriano como presunto implicado.
El nombre fue pronunciado por la denunciante durante la transmisión; hasta el momento, ese señalamiento no ha sido confirmado por la Fiscalía ni por Asuntos Internos en una comunicación oficial pública.
Según la familiar, la gravedad del caso obliga a medidas de protección para la víctima y a una investigación imparcial: “Tengo todo aquí, quiero protección”, dijo. La mujer exigió que las autoridades actúen sin importar el rango de los involucrados.
Durante la transmisión, una autoridad presente —quien intervino tras el relato— aseguró ante la denunciante y la audiencia que el caso será asumido por las instancias competentes y que no quedará impune: “Prometo ante el país que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias… caiga quien caiga”, se escuchó decir en el programa.
Fuentes oficiales, Asuntos Internos y la Fiscalía competente deben determinar la veracidad de las afirmaciones, recabar pruebas y proteger a la víctima.
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Los protocolos habituales en casos de violencia sexual incluyen la recolección forense, atención médica y psicológica para la víctima, y medidas cautelares para garantizar su seguridad mientras avanza la investigación.
Qué pide la familia
La denunciante solicitó públicamente:
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Que Asuntos Internos y la Fiscalía investiguen con celeridad y transparencia.
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Protección inmediata para la cadete y su familia.
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Que no se oculte ni diluya la investigación por la jerarquía de posibles implicados.
