Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) programó una audiencia pública en respuesta a la medida cautelar interpuesta por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El auto judicial 20144-2025, emitido por el juez presidente Diomede Y. Villalona G. y el secretario auxiliar Mariano Ant. Guzmán Pérez, establece que la audiencia se realizará el jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m., en modalidad virtual a través de Microsoft Teams.
El caso, registrado bajo el número 2025-0270275, busca proteger los intereses ciudadanos ante presuntas irregularidades en la licitación del INTRANT para la emisión de licencias de conducir. El tribunal autorizó a ADOCCO a citar tanto al INTRANT como a la Procuraduría General Administrativa, garantizando transparencia y participación pública.
Según ADOCCO, el proceso de licitación favoreció al Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables de la emisión del pasaporte dominicano y la cédula de identidad.
La organización denuncia que esto concentraría el control de los tres documentos de identidad más sensibles del país y representa un riesgo grave para la seguridad nacional y la privacidad ciudadana.
Además, se acusa al ingeniero Milton Morrison y al consorcio de falsificación de documentos técnicos relacionados con la impresora láser CLM600 y de violar el principio de libre competencia establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
ADOCCO señala posibles infracciones a los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio.
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El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, recordó que, pese a las impugnaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, el INTRANT adjudicó unilateralmente el contrato a Mobility ID por un monto aproximado de 8,400 millones de pesos.
Sobre ADOCCO: La organización no gubernamental trabaja por la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos ciudadanos, mediante acciones legales, fiscalización y promoción de políticas públicas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas del país.
