Una redada policial sin precedentes en las favelas de Río de Janeiro derivó en la incautación de más de 2 millones de dólares en armas y dejó al menos 121 muertos, en lo que las autoridades describen como la operación antidrogas más letal en la historia de Brasil.
El operativo, que se llevó a cabo el martes en los complejos de Penha y Complexo do Alemão, tenía como objetivo al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del país, según informó el gobierno estatal el sábado. Las acciones, que incluyeron el despliegue de helicópteros, vehículos blindados y tropas terrestres, provocaron la muerte de 117 presuntos delincuentes y cuatro policías, de acuerdo con el último balance oficial, mientras que el defensor público reportó un total de 132 fallecidos.
Las autoridades señalaron que se trató de “una de las mayores incautaciones de armas militares en un solo día”, al decomisar 120 armas, entre ellas 93 rifles, con un valor estimado de 12,8 millones de reales (aproximadamente 2,4 millones de dólares). Además, la policía halló municiones, explosivos, drogas y equipo militar destinado a la facción narcotraficante.
Según apuntó el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, en una comunicación oficial, parte del arsenal tiene origen en países como Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela, e incluye modelos utilizados en escenarios de guerra como el AK-47 y el FAL. Algunos de los rifles pertenecían a fuerzas armadas extranjeras. “Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, afirmó Curi, quien agregó que las autoridades investigarán las rutas empleadas para introducir las armas en Río de Janeiro.
La acción policial ha desencadenado condenas de organizaciones de derechos humanos y el llamado de la ONU para abrir una investigación sobre las muertes. Familiares de las víctimas han denunciado ejecuciones sumarias y, según un periodista de AFP presente en el lugar, al menos uno de los cuerpos se hallaba decapitado. Pese a estas denuncias, encuestas muestran que la mayoría de los brasileños respaldan el operativo, que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, describió como un triunfo contra el “narcoterrorismo”.
Incluso el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frecuentemente criticado por sus adversarios por una supuesta actitud permisiva frente al crimen, asumió un discurso más firme y presentó al Congreso un proyecto de ley que estipula penas de hasta 30 años de prisión para los miembros de bandas criminales. Esta misma semana, Lula firmó nuevas medidas legislativas para reforzar el combate al crimen organizado. “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia en las ciudades”, declaró en la red social X.
Según la crónica de René Silva, periodista y activista en Complexo do Alemão, la redada causó un impacto psicológico considerable en la población. “Nunca hemos presenciado algo así en la historia de Brasil”. William de Oliveira, líder comunitario en la favela de Rocinha, advirtió que estos operativos dificultan la vida de todos los habitantes, no solo de quienes están implicados en actividades delictivas. “Las personas en conflicto con la ley existen en todas partes. En la favela, algunos están involucrados en el tráfico de drogas o robos, pero también hay quienes pertenecen a la alta sociedad”, reflexionó de Oliveira.
El operativo se enmarca en una ofensiva nacional lanzada en agosto contra el crimen organizado, a través de la cual las autoridades brasileñas incautaron bienes por un valor aproximado de 1.200 millones de reales (unos 220 millones de dólares) vinculados a esquemas de lavado de dinero, según explicó el sociólogo Daniel Hirata, de la Universidad Federal Fluminense. Según datos del Grupo de Estudio sobre Nuevas Ilegalidades de la misma universidad, este año se han realizado más de 1.800 operaciones policiales en el área metropolitana de Río, pero solo el 1,3% han sido consideradas efectivas en función de arrestos o bajas.
Las redadas de alto impacto han adquirido un carácter político significativo en la antesala de las próximas elecciones presidenciales y locales. El gobernador Castro, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, calificó a los grupos criminales de la ciudad como “narcoterroristas”, mientras que legisladores conservadores impulsan reformas para que las bandas sean reconocidas como organizaciones terroristas. Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aclaró que estas agrupaciones no cumplen con la definición legal de terrorismo al carecer de objetivos políticos o ideológicos.
La reciente operación ha abierto un debate sobre la eficacia y el costo humano de esta estrategia policial. El presidente Lula ordenó el envío de representantes federales a Río de Janeiro y la apertura de una oficina de emergencia para enfrentar el crimen organizado, al tiempo que el Senado prevé iniciar una investigación sobre la expansión delictiva durante la próxima semana.
