Washington D. C. — El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país, que se extendió por 43 días, y que entró en vigencia tras la firma del presidente Donald Trump.
El nuevo paquete legislativo incluye financiación para agencias federales, extensiones temporales y una cláusula polémica que permitirá a los senadores demandar al Departamento de Justicia (DOJ) por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021.
Según el texto aprobado, los republicanos lograron un acuerdo avalado por Trump que saca al país de una crisis de transporte aéreo y de financiamiento de programas alimenticios. Además, restablece a los empleados gubernamentales en sus puestos sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria, una de las principales demandas de los demócratas que provocó semanas de desacuerdos legislativos.
Financiamiento extendido y estabilidad temporal
La legislación extiende los fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026, ofreciendo una estabilidad temporal tras semanas de parálisis.
Asimismo, revierte los recortes masivos de personal ordenados durante la administración Trump, que afectaron a más de 4.000 empleados federales, incluidos cientos del sector salud pública.
Para los departamentos estratégicos, como Defensa y Asuntos de Veteranos, la financiación se prolonga hasta el 30 de septiembre de 2026, garantizando la continuidad de operaciones durante todo el año fiscal.
El acuerdo contempla más de 133.000 millones de dólares para gastos discrecionales en el área de veteranos, además de fondos para construcción militar y mantenimiento de instalaciones.
Según la Comisión de Asignaciones del Senado, estas partidas “permitirán planificar infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre”. El objetivo principal es evitar nuevas interrupciones del funcionamiento gubernamental mientras se negocia un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades tanto de republicanos como de demócratas, en un contexto de año electoral intermedio.
Asignaciones de año completo y reactivación de programas
El acuerdo incluye financiamiento anual completo para los departamentos de Agricultura y Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar, lo que permitirá planificar programas de nutrición e infraestructura de manera sostenida.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que estas asignaciones son “fundamentales para mantener la operatividad de programas esenciales” que habían quedado paralizados durante el cierre.
Una cláusula controvertida
Uno de los puntos más discutidos de la ley es la disposición que autoriza a los senadores a demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin aviso previo durante la investigación del asalto al Capitolio.
Esta cláusula permite compensaciones de hasta medio millón de dólares y fue añadida en la fase final de negociación, sin consulta previa con varios legisladores, lo que generó críticas y malestar en el Congreso.
Consecuencias del cierre
El cierre de Gobierno tuvo altos costos económicos y sociales.
De acuerdo con el Departamento de Transporte, los recortes de personal obligaron a reducir el tráfico aéreo en un 6 % en 40 aeropuertos, lo que ocasionó miles de cancelaciones y pérdidas diarias de hasta 580 millones de dólares para el sector.
Asimismo, cerca de 42 millones de estadounidenses dejaron de recibir pagos del programa de cupones alimentarios, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron el impacto en familias vulnerables.
Repercusiones políticas
Trump calificó la reapertura del Gobierno como una “victoria ante la extorsión demócrata”, destacando que el acuerdo fue alcanzado sin ceder en temas de seguridad sanitaria. Según el presidente, el Obamacare será eliminado después de diciembre, cumpliendo una promesa de su administración.
Sin embargo, el cierre dejó costos políticos para los republicanos, quienes sufrieron derrotas significativas en recientes elecciones locales, especialmente en Virginia, donde reside un gran número de empleados federales afectados.
Finalmente, Trump instó a sus senadores a eliminar la obstrucción parlamentaria para evitar que el país vuelva a enfrentar una crisis similar.
