Bogotá.— La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió este miércoles una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras la polémica generada por un acto público en Medellín al que asistieron jefes de las principales bandas criminales de la ciudad.
La solicitud fue presentada por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien pidió a la Comisión encargada de estudiar y tramitar denuncias contra el jefe de Estado que indague si Petro «estaría involucrado en hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente».
El documento también menciona posibles irregularidades en la participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento oficial, transmitido por medios públicos y con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional.
El polémico acto en Medellín
El pasado 21 de junio, Petro encabezó un acto público en Medellín para promover los diálogos de paz con bandas criminales de la ciudad y celebrar la aprobación de su reforma laboral en el Congreso.
Entre los asistentes estuvieron reconocidos jefes de grupos delincuenciales como Juan Carlos Mesa, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo; Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, cabecillas de la estructura criminal conocida como La Oficina.
Los mencionados criminales, que se encuentran recluidos en cárceles de Medellín, recibieron autorización temporal para asistir al evento, lo que provocó una fuerte controversia política y social en el país.
El Gobierno colombiano sostiene que la participación de estos líderes hace parte de su estrategia de “paz total”, mediante la cual busca desmovilizar a más de 12.000 personas vinculadas a estructuras armadas ilegales en Medellín y otras regiones del país.
Además de la capital antioqueña, el Ejecutivo impulsa procesos de diálogo similares con grupos criminales en Barranquilla (Atlántico), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), donde operan las bandas Los Shottas y Los Espartanos.
La apertura de la investigación marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, que acusa a Petro de exceder los límites constitucionales en su política de paz y en la relación con actores ilegales.
