Los Ángeles — El Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump presentó una propuesta para otorgar a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que puedan ser considerados “una carga pública”, reviviendo una de las políticas migratorias más controvertidas de su administración anterior.
La propuesta fue presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y derogaría la regla de 2022, instaurada durante la administración de Joe Biden, que limitaba la capacidad de las autoridades para negar la entrada o la tarjeta verde a inmigrantes que recibieran asistencia social.
Contexto de la política de carga pública
Entre 2019 y 2021, bajo la presidencia de Trump, la normativa se amplió para vetar a inmigrantes que hubieran solicitado programas de ayuda como Medicaid, CHIP, o asistencia para alimentación y vivienda. Esto dejó a muchas familias indocumentadas sin posibilidad de optar a la residencia permanente y provocó que algunos hijos estadounidenses dejaran de recibir beneficios esenciales.
La actual propuesta no recrea exactamente la regla de 2019, pero otorga mayor discrecionalidad a los oficiales de USCIS, permitiéndoles decidir si los solicitantes de bajos recursos representan una carga económica para el país. Por el momento, no se especifica qué programas se considerarán como carga pública; las directrices se emitirán más adelante.
Reacciones y críticas
Defensores de los inmigrantes han calificado la medida como “peligrosa”. Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, advirtió que la propuesta podría disuadir a inmigrantes y ciudadanos de acceder a atención médica y beneficios legales, afectando su salud y bienestar económico.
Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, pidió al Congreso, dominado por republicanos, que rechace la medida, citando los problemas legales y sociales que políticas similares han generado en el pasado.
Impacto estimado
Un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF) señaló que la expansión de la política en 2019 pudo haber reducido la cobertura de 2 a 4,7 millones de beneficiarios de Medicaid o CHIP, incluidos niños estadounidenses. Además, una encuesta de KFF de 2023 indicó que el 27 % de los adultos inmigrantes evitó solicitar asistencia pública por temor a repercusiones migratorias, incluso bajo las regulaciones más relajadas de la administración Biden.
La nueva medida se suma a recientes restricciones de la Casa Blanca que limitan la concesión de visas de inmigrante a personas con enfermedades crónicas, bajo la premisa de que podrían depender de la asistencia sanitaria pública en el futuro.
