Ciudad de México.— El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, con 110 votos a favor, el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma de alcance nacional que busca frenar uno de los delitos de mayor crecimiento en México mediante penas más severas y mayores controles sobre funcionarios públicos.
La aprobación incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a diversas leyes federales relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y el funcionamiento del Poder Judicial.
Incrementan penas de cárcel
El Senado elevó las sanciones por extorsión a un rango de 15 a 25 años de prisión, muy por encima de los 6 a 15 años establecidos originalmente por la Cámara de Diputados. Legisladores argumentaron que el castigo inicial podía beneficiar a personas actualmente sentenciadas.
En casos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias faciliten o permitan la extorsión, se añadirá un incremento de 3 a 5 años. Además, cualquier funcionario con facultades de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia que no denuncie actos de extorsión será castigado con 10 a 20 años de cárcel.
Exigen respeto a derechos humanos
La reforma incorpora, por primera vez, la obligación de que las autoridades actúen con pleno respeto a los derechos humanos durante la investigación y persecución del delito.
También establece que fiscalías federales y estatales deberán crear unidades especializadas en extorsión, con personal capacitado y certificado. Mientras estas áreas se conforman, las unidades antisecuestro asumirán temporalmente estas investigaciones.
Nuevos delitos y medidas de control
El dictamen fija sanciones de 6 a 12 años de prisión para quienes ingresen sin autorización cualquier dispositivo electrónico capaz de transmitir datos, voz o imágenes a centros penitenciarios o de internamiento para menores, una práctica comúnmente vinculada a redes de extorsión que operan desde cárceles mexicanas.
Recursos a favor de las víctimas
Los bienes asegurados mediante decomisos o procesos de extinción de dominio relacionados con extorsión deberán destinarse preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas, según lo aprobado.
Tras los cambios realizados en el Senado, la minuta regresará a la Cámara de Diputados, que deberá ratificar las modificaciones para que la reforma pueda avanzar hacia su promulgación.
