Santo Domingo. — El diputado Tobías Crespo, autor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, denunció este jueves que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) estaría utilizando su posición para hacer negocios, descuidando sus funciones de planificación, regulación y control del sistema de movilidad, así como la seguridad vial.
Crespo criticó la reciente normativa sobre los cascos para motocicletas, señalando que “lo que hoy se pretende presentar como ‘nueva regulación’ no es más que un parche que desfigura el espíritu de la Ley 63-17 y del Decreto 256-20”. Según el congresista, cada casco costará 3,500 pesos y cada motociclista deberá adquirir dos, uno para él y otro para el pasajero, lo que, a su juicio, genera negocios privados a expensas de la población.
“Ni la ley ni su reglamento fueron creados para sostener negocios paralelos, sino para garantizar seguridad real”, enfatizó Crespo, quien hizo un llamado a las autoridades del INTRANT a cumplir con la ley y enfocarse en mejorar la movilidad y la seguridad vial en avenidas, carreteras y calles del país.
El legislador recordó que la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece que los gobiernos locales deben proteger el interés público y evitar distorsiones en la gestión municipal. “Cualquier medida que promueva cargas injustificadas o abra espacios a negocios particulares, en detrimento de la seguridad y la transparencia, contradice el espíritu de esta ley”, agregó.
Crespo reiteró que tanto el conductor como el pasajero deben portar cascos que cumplan con los estándares de calidad internacionales, tal como establece la normativa vigente, y se manifestó en contra de que ciertos grupos utilicen la ley para favorecer empresas específicas y lucrarse a costa de los trabajadores.
