La Fundación Primero Justicia alertó sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales en la República Dominicana debido a la aprobación del nuevo Código Procesal Penal sin consenso, lo que, según la organización, podría propiciar la instauración de un Estado Policial.
La fundación señaló que la reforma contraviene los artículos 40 y 69 de la Constitución, que protegen la libertad y seguridad personal, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la presunción de inocencia. Entre los cambios más controvertidos se incluyen:
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La ampliación de la prisión preventiva hasta 36 meses y la posibilidad de que el juez determine la duración del proceso penal según la complejidad, lo que se considera inconstitucional.
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La introducción de la figura de “reiteración delictiva”, que permitiría la prisión preventiva automática en caso de múltiples acusaciones.
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La facultad del juez de imponer medidas de coerción sin solicitud de las partes, vulnerando la separación de funciones entre jueces, ministerio público y querellantes.
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La interrupción de los plazos de prisión preventiva cuando se interponen recursos o revisiones de medidas, violando el principio de favorabilidad.
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La imposición de medidas de coerción sin audiencia previa ni citación del imputado.
Surun Hernández, representante de Primero Justicia, enfatizó que una reforma de este tipo no puede ser producto de “actuaciones de emergencia” derivadas de la expiración de plazos establecidos por el Tribunal Constitucional, y debe analizarse cuidadosamente para proteger los derechos fundamentales y el debido proceso.
La fundación propuso la aprobación de una legislación “puente”, similar a la Ley 10-15 pero excluyendo los aspectos censurados por el Tribunal Constitucional, hasta alcanzar los consensos necesarios para una reforma integral, con el fin de preservar la institucionalidad democrática.
