La organización Participación Ciudadana presentó este martes su balance del año 2025, destacando avances limitados en la lucha contra la corrupción, nuevos casos de penetración del narcotráfico en la política y tragedias que han marcado profundamente a la sociedad dominicana.
Según el informe, a pesar de que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mostró un ligero avance para el país, persisten desafíos significativos que dificultan consolidar la transparencia en la administración pública.
Entre los hechos más graves del año, Participación Ciudadana destaca el caso SENASA, catalogado como “el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, que involucró la malversación de más de 15 mil millones de pesos, afectando directamente a los sectores más vulnerables que dependen del seguro estatal.
El informe señala que los casos de corrupción en el actual gobierno se mantienen elevados, incluyendo condenas recientes como las de Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, por desfalco en el Ministerio de Agricultura, así como la Operación 13 en la Lotería Nacional, donde fueron condenados 8 de 10 imputados.
También se destaca la actuación de la PEPCA, que en 2025 presentó acusaciones contra 10 personas y siete empresas vinculadas a corrupción administrativa y lavado de activos en el INTRANT, mientras que el caso SENASA sigue bajo investigación con medidas de coerción contra 10 imputados.
Participación Ciudadana alertó además sobre la penetración del narcotráfico en la política, especialmente en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), citando casos de exdiputados, exregidores y funcionarios extraditados a Estados Unidos por vínculos con lavado de activos y narcotráfico. Entre ellos, destacan Rosa María Pilarte, condenada a cinco años de prisión; Miguel Gutiérrez, condenado a 16 años en Florida; y varios otros imputados que enfrentan procesos judiciales internacionales.
El informe también criticó la lentitud en los procesos judiciales de gran corrupción, señalando que expedientes como los de Alexis Medina y compartes, Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez, y otros relacionados con desfalcos de hasta 19 mil millones de pesos avanzan con retrasos y constantes incidentes, poniendo en riesgo la transparencia y la eficacia de la justicia. Solo el caso de Alexis Medina culminó en 2025 con condenas, mientras otros permanecen pendientes de sentencia.
En materia de controles y reformas institucionales, Participación Ciudadana resalta algunos avances, como la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, la creación de la nueva Cámara de Cuentas, y la adopción de herramientas digitales para fortalecer la supervisión de fondos públicos. Sin embargo, se enfatiza que los mecanismos de control siguen siendo insuficientes, evidenciado por el caso SENASA y otros escándalos de corrupción.
Respecto a reformas legislativas, el informe recuerda que el Código Procesal Penal sufrió modificaciones tras la anulación parcial de la Ley 10/2015 por el Tribunal Constitucional. El Congreso Nacional logró aprobar cambios antes de la fecha límite, aunque el proceso estuvo marcado por denuncias de contrarreformas que podrían afectar la persecución efectiva de la criminalidad organizada y la corrupción administrativa.
Finalmente, Participación Ciudadana recordó las tragedias que marcaron el año, incluyendo el derrumbamiento de la discoteca Jet Set el 8 de abril, que dejó 236 muertos, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos, exigiendo a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo para las víctimas.
El balance concluye enfatizando la necesidad de reforzar la transparencia, garantizar la celeridad judicial, y aplicar reformas profundas que eviten la repetición de irregularidades que afecten tanto los recursos públicos como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
