Santo Domingo.– El municipalista Waldys Taveras advirtió que la propuesta de modificar la Ley 176-07 para eliminar las sanciones penales a los alcaldes por violaciones en la ejecución del presupuesto municipal es jurídicamente improcedente y representa un grave retroceso en materia de control y transparencia del uso de los fondos públicos.
Al referirse a la iniciativa aprobada de manera unánime por el Senado, Taveras sostuvo que ninguna ley puede despenalizar conductas que ya están tipificadas como delitos en el Código Penal. Explicó que la propia Ley 176-07 establece, en su artículo 88, la responsabilidad civil y penal de los funcionarios municipales por las acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones.
“Si un alcalde utiliza fondos destinados a servicios para pagar nóminas irregulares, salarios indebidos o mantiene personas que no trabajan, eso no es una falta administrativa, eso es un robo, y por tanto es penal”, afirmó. Agregó que en esos casos también se compromete la responsabilidad de los contralores municipales, quienes autorizan y certifican los pagos.
Taveras cuestionó que la pieza legislativa haya sido aprobada sin debate por los 32 senadores, lo que a su juicio evidencia la ausencia de una verdadera oposición política en el país. Señaló que la medida otorga una “carta blanca” a la mayoría de los alcaldes oficialistas para utilizar los presupuestos municipales con fines clientelares de cara a los procesos electorales.
“La oposición de la República Dominicana no es oposición. ¿Por qué?, Porque con eso le han dado una carta blanca a los alcalde del PRM que quiere reelegirse o apoyar a alguien que quiera que gane para él apoyar a diputado a que en febrero se use el dinero de los presupuestos municipales se utilicen en nóminas y nominillas”, expresó, al tiempo de advertir que este tipo de prácticas erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia.
El municipalista manifestó su preocupación por el impacto que estas decisiones tienen en la institucionalidad y en la participación ciudadana, señalando que la falta de consecuencias reales genera desconfianza y abre espacio a salidas autoritarias fuera del sistema de partidos.
Al abordar su salida del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Taveras aclaró que no cuestiona la capacidad ni la honestidad de toda su militancia, pero alertó sobre lo que definió como un “lavado social”, mediante el cual personas con recursos de origen ilícito se insertan en la política para legitimarse socialmente.
“Le dije, “Mire, ustedes se han convertido en una lavandería social.., El lavado social no es más que el que tiene mucho dinero y tiene forma de justificarlo porque viene de recursos ilícitos, se inserta en la política y el que es un delincuente financiero, y evasor de impuestos o narcotraficante, pasa a ser un honorable cuando ocupa un curul en el Congreso o un lugar en los ayuntamientos”, explicó.
El municipalista Waldys Taveras sostuvo que, cuando los ayuntamientos han asumido funciones que no les corresponden, lo han hecho de manera clientelar, sin una comprensión clara de sus verdaderas competencias. Recordó que esta situación fue advertida por él en múltiples ocasiones cuando se desempeñó como regidor del Distrito Nacional desde la oposición.
Taveras explicó que el alcalde del Distrito Nacional preside el Consejo de Administración de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), órgano donde se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) de esa institución, por lo que debe asumir un rol activo en la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, señaló que ninguno de los síndicos o alcaldes que han pasado por la capital desde la creación de la CAASD ha ejercido esa responsabilidad de manera efectiva.
A su juicio, esta falta de liderazgo y supervisión ha contribuido a que la CAASD se maneje de forma desordenada, sin una planificación clara ni rendición de cuentas. “Basta preguntarse cuántas actas reales y públicas tiene el Consejo de Administración de la CAASD”, afirmó, al advertir que esta práctica refleja una tradición institucional que ha perpetuado el desorden en la gestión del agua en el Gran Santo Domingo.
Criticó el uso populista de los recursos municipales y la falta de control de los órganos fiscalizadores, señalando que los fondos públicos deben ejecutarse estrictamente conforme a la ley y a los fines para los cuales fueron aprobados por el Congreso Nacional.
“Tú coges un alcalde porque es popular, y en vez de invertir dinero en hacerte contenes y aceras te inviertes dinero para hacerle una iglesia a un pastor evangélico o le reparan la iglesia al cura del pueblo”, concluyó.
