Lima, Perú. – El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este viernes que las cifras de homicidios en el país han comenzado a disminuir luego de tres meses bajo el estado de emergencia declarado en Lima y la vecina provincia del Callao, zonas donde se concentra la mayor parte de la violencia.
Según los datos presentados por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, liderado por Jerí, la tasa de homicidios en el último trimestre de 2025 se situó en 2,5 por cada 100.000 habitantes, frente al 2,6 registrado en el mismo período de 2024. En Lima, que concentra un tercio de la población, la tasa alcanzó 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la región amazónica de Madre de Dios registra la cifra más alta del país, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, debido a la extracción ilegal de oro, la deforestación y la trata de personas.
En cuanto a otros delitos, las denuncias por extorsión aumentaron a 26.585 en 2025, frente a 22.361 en 2024. Los delitos de hurto disminuyeron a 174.400 denuncias, en comparación con 221.575 en 2024. Por su parte, las denuncias de violación sexual muestran una tendencia a la baja, con 22.856 casos reportados en 2025, frente a 26.641 en 2024.
Jerí destacó que las medidas de seguridad implementadas desde su asunción el 10 de octubre, como los operativos en penales, patrullajes nocturnos con fuerzas armadas y el estado de emergencia en Lima y Callao, han comenzado a mostrar resultados, aunque aún son insuficientes. “Hay cifras que nos permiten tener la esperanza de que las acciones que venimos tomando vienen dando resultados positivos, aunque no son suficientes aún”, indicó el mandatario, que recientemente cumplió cien días en el cargo tras reemplazar a Dina Boluarte.
El presidente señaló además que la victimización, es decir el porcentaje de personas que han sufrido un delito violento, descendió 1,9 puntos porcentuales respecto al año pasado, situándose en 25%, mientras que la percepción de inseguridad cayó 2,1 puntos, hasta el 83,9%.
Jerí también aseguró que las coordinaciones de los presos hacia el exterior han sido limitadas, y mencionó que miembros de su equipo han recibido amenazas por defender a transportistas víctimas de extorsión y sicariato, quienes demandan acciones más contundentes del Estado contra el crimen organizado.
