lunes, junio 1, 2026

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PLD denuncia ocultamiento de información pública y exige correcciones

Asimismo, señaló que muchas solicitudes reciben respuestas incompletas, negativas injustificadas o simplemente no son respondidas dentro de los plazos legales establecidos por la ley.

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Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este jueves sus denuncias sobre violaciones sistemáticas a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y llamó al Gobierno a corregir de inmediato prácticas que, según afirmó, vulneran el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, advirtió que diversas instituciones del Estado están negando, fragmentando o retrasando la entrega de información solicitada formalmente por ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos, en clara contravención de la normativa vigente.

Pujols subrayó que no se trata de casos aislados ni de simples fallas administrativas, sino de una conducta reiterada que limita la fiscalización del uso de los recursos públicos y debilita los principios democráticos.

“El problema se agrava porque informaciones que antes estaban disponibles en los portales de transparencia han sido desplazadas, fragmentadas o dejadas de publicar, dificultando el acceso efectivo a datos de interés público”, denunció.

Asimismo, señaló que muchas solicitudes reciben respuestas incompletas, negativas injustificadas o simplemente no son respondidas dentro de los plazos legales establecidos por la ley.

El dirigente político recordó que la Ley 200-04 reconoce el derecho de toda persona a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado, tal como establece su artículo 1. Además, el artículo 2 define de manera amplia qué constituye información pública, incluyendo contratos, pagos, expedientes, registros y documentos en cualquier formato que estén bajo control de entidades públicas.

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Pujols enfatizó que la normativa también impone la obligación de publicidad activa, especialmente en lo relativo a presupuestos, compras, contrataciones y uso de fondos públicos, dejando claro que los contratos del Estado son información pública, aun cuando involucren empresas privadas.

“El cumplimiento de esta ley no es opcional. Es una obligación legal y un compromiso democrático que el Gobierno debe honrar”, concluyó.

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