SANTO DOMINGO, RD.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra en sesión permanente de deliberación para emitir un fallo que marcará el rumbo del caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El tribunal presidido por la magistrada Isis Muñoz tiene la responsabilidad de decidir si ratifica los 18 meses de prisión preventiva impuestos en diciembre o si concede la libertad bajo fianza y otras medidas cautelares a los siete principales imputados.
El foco de atención se mantiene sobre Santiago Hazim, exdirector de la institución y principal señalado en el expediente. En un movimiento que sorprendió a los presentes, Hazim optó por el silencio estratégico, declinando su derecho a presentar argumentos personales ante el estrado.
Esta decisión deja su destino legal totalmente sometido a la pericia técnica de su defensa, que busca desestimar los riesgos de fuga y la gravedad de las imputaciones presentadas por el Ministerio Público.
La jornada estuvo marcada por una confrontación frontal entre las partes. Mientras los abogados defensores insistieron en que no existen presupuestos para mantener la medida más gravosa, el Ministerio Público se mantuvo firme en su solicitud de ratificación.
El ambiente se tornó más complejo con la intervención de la Fundación Primero Justicia, que no solo se opone a la liberación de los detenidos, sino que también ha recurrido las medidas de arresto domiciliario otorgadas a otros tres implicados, exigiendo que todos enfrenten el proceso tras las rejas.
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Además de Hazim, la decisión del tribunal afectará directamente a otros seis acusados, entre ellos Ada Ledesma Ubiera, quien actualmente cumple su medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La Corte debe evaluar individualmente si han variado las circunstancias que motivaron la prisión preventiva original o si, por el contrario, la magnitud del presunto desfalco al seguro estatal justifica la permanencia de los imputados en los centros de reclusión mientras avanza la investigación.
Se espera que el fallo sea notificado en las próximas horas, en lo que se considera una de las decisiones judiciales más trascendentales del primer trimestre del año.
La resolución no solo definirá la situación de libertad de los exfuncionarios, sino que también enviará una señal clara sobre la rigurosidad con la que el sistema de justicia del Distrito Nacional manejará los casos de alto perfil relacionados con la administración de recursos públicos en el sector salud.
