Santo Domingo, RD – La sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que dispone la entrega de más de 12 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua a un emporio empresarial para el desarrollo de proyectos turísticos ha generado un amplio rechazo entre ambientalistas, legisladores y expertos en derecho constitucional, quienes advierten que la decisión viola la Constitución y leyes vigentes.
La resolución judicial reconoce la supuesta propiedad privada de una porción de esta área protegida, lo que abre la puerta a la explotación turística dentro de una de las reservas naturales más importantes del país. Ante esta situación, diversos sectores han anunciado que la sentencia será recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Ambientalistas y congresistas solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva para determinar si existe un posible entramado judicial que facilite la cesión de terrenos protegidos, en violación al marco legal dominicano.
En el Congreso Nacional, legisladores expresaron sorpresa por la decisión del TSA, al recordar que cualquier modificación a los límites de un parque nacional o a los derechos fundamentales asociados a su protección solo puede realizarse mediante una ley aprobada por el Poder Legislativo.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, calificó la sentencia como “extraña” y contraria a la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, al tiempo que advirtió sobre el peligro que representa sentar este precedente para el sistema de áreas protegidas del país.
El ambientalista Luis Carvajal anunció que interpondrá un recurso de revisión constitucional con el objetivo de que la decisión sea anulada, al considerar que el tribunal carece de competencia para reconocer derechos privados dentro de un parque nacional declarado como tal desde 1983.
El Parque Nacional Jaragua, con una extensión superior a las 137 mil hectáreas, se extiende a lo largo de la costa sur del país, desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, en la provincia de Pedernales, y alberga importantes ecosistemas, así como especies endémicas y en peligro de extinción.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente informó mediante un comunicado que procederá por las vías legales correspondientes para lograr la anulación de la sentencia y garantizar la protección del patrimonio natural de la República Dominicana.
