REDACCIÓN.- La República de Haití está a pocas horas de un hito administrativo y político que amenaza con desmoronar el frágil equilibrio alcanzado en 2024.
Este sábado 7 de febrero vence formalmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) , el órgano colegiado que asumió las funciones de jefatura de Estado y de Gobierno de manera provisional.
El escenario marca el fin de un periodo de casi dos años diseñado para establecer un gobierno tras la renuncia del ex primer ministro Ariel Henry.
La meta del CPT era ambiciosa: pacificar el país, organizar elecciones generales y restaurar la autoridad estatal, objetivos que hasta el día de hoy no se han logrado.
Las bandas armadas mantienen el control de aproximadamente el 80% de la capital, Puerto Príncipe, dictando la vida cotidiana, controlando rutas de suministro y sometiendo a la población a una violencia extrema.
En ese contexto, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles críticos, con miles de desplazados internos huyendo de los enfrentamientos constantes entre las coaliciones criminales, mientras que la escasez de alimentos, combustible y servicios médicos básicos son la cotidianidad en una nación que lucha por sobrevivir sin instituciones funcionales.
Ante este panorama, la comunidad internacional ha intensificado su presencia, recientemente, se ha destacado el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la bahía de Puerto Príncipe, una medida interpretada como una demostración de fuerza y apoyo a la seguridad en un momento de vulnerabilidad extrema.
La República Dominicana, compartiendo la isla y sufriendo directamente las repercusiones de la inestabilidad, ha reaccionado reforzando la seguridad fronteriza, expresando su profunda preocupación por un posible desborde migratorio y de violencia tras el vencimiento del plazo del consejo.
A nivel político interno, la desconfianza reina entre los diversos sectores haitianos, ya que la incapacidad del CPT para unificar criterios o nombrar una autoridad sucesora con amplio respaldo ha generado un vacío de poder institucional sin un plan de contingencia claro para este domingo.
Se debate entre extender el mandato del CPT, crear un nuevo mecanismo de gobierno provisional o buscar una intervención internacional más directa, pero el temor principal radica en que la falta de un acuerdo político permita a las bandas armadas consolidar aún más su control territorial.
Si el orden público llega a colapsar, podría desatar consecuencias impredecibles para la seguridad de toda la región del Caribe.
Este sábado 7 de febrero no es solo una fecha en el calendario, sino que es el umbral hacia una mayor incertidumbre política, ya que la presión sobre los actores locales para encontrar una salida rápida y viable es inmensa, mientras el país se asoma a un abismo de ingobernabilidad absoluta.
