Santo Domingo, 7 de febrero de 2026 – El Gobierno de la República Dominicana emitió un comunicado oficial en respuesta al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 6 de febrero, en el que la entidad instaba al país a aplicar el principio de no devolución a todas las personas migrantes en condición irregular.
En su respuesta, el Estado dominicano reafirmó su compromiso con los derechos humanos, pero subrayó que la gestión de la migración debe realizarse dentro del marco de la ley nacional y respetando la soberanía del país.
“La protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos”, señaló el comunicado.
El Gobierno dominicano destacó que la migración hacia su territorio debe analizarse en su dimensión regional, dado que la prolongada crisis política, social y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional.
“Durante décadas, República Dominicana ha asumido con sentido de solidaridad y responsabilidad humana una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende nuestras fronteras”, afirma el comunicado.
El Estado sostiene que ningún país puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante un colapso interno, y que la crisis haitiana requiere una respuesta regional y colectiva, no una solución unilateral dominicana.
El gobierno enfatizó que tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, conforme a:
- La Constitución dominicana
- La legislación nacional
-
Los estándares internacionales de derechos humanos
En ese sentido, rechazó que la CIDH aplique el principio de no devolución de manera general, porque esto equivaldría a obligar al país a aceptar toda migración irregular proveniente de Haití.
El comunicado subraya que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por su estatus migratorio, y que los protocolos de coordinación entre autoridades sanitarias y migratorias buscan ordenar la prestación de servicios ante la alta demanda.
Se presta especial atención a: Mujeres gestantes, niños y pacientes con condiciones especiales.
En los centros de procesamiento migratorio, el Estado ha ejecutado mejoras progresivas en: Infraestructura y condiciones sanitarias, atención médica básica y supervisión interna y coordinación con instituciones competentes
Asimismo, República Dominicana mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
El gobierno dominicano expresó su preocupación por el comunicado de la CIDH, señalando que parece privilegiar alegaciones no verificadas por encima de la información oficial.
Reiteró su disposición a intercambiar datos técnicos y transparentes, recordando que toda evaluación debe considerar el contexto regional y la presión migratoria excepcional.
Finalmente, el comunicado reafirma la voluntad de República Dominicana de profundizar la cooperación técnica con la CIDH, basada en respeto mutuo, buena y diálogo institucional
El país destacó que valora al sistema interamericano como espacio de diálogo y mantiene abiertos los canales para avanzar en soluciones equilibradas que protejan los derechos humanos sin comprometer la soberanía.
El Gobierno dominicano deja claro que su política migratoria busca ordenar los flujos, proteger los derechos de todos bajo su jurisdicción y preservar la estabilidad institucional, al tiempo que hace un llamado a la responsabilidad y solidaridad internacional frente a la crisis en Haití.
