La relación entre la República Dominicana y Haití no puede comprenderse sin su espesor histórico. La independencia dominicana de 1844, las guerras del siglo XIX y los episodios traumáticos del siglo XX dejaron una huella emocional y política que todavía condiciona la manera en que miramos hoy la migración haitiana. Sin embargo, el desafío actual no es histórico: es profundamente humano, económico y ético.
Haití atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea. El control territorial de bandas armadas, el colapso institucional, la inseguridad generalizada y la precariedad de los servicios básicos han convertido la vida cotidiana en una experiencia de sobrevivencia. En ese contexto, la migración hacia la República Dominicana no responde a un proyecto geopolítico ni a una supuesta invasión silenciosa: responde, fundamentalmente, al instinto elemental de proteger la vida.
Nuestro país, por su cercanía geográfica y por su estabilidad relativa, se ha convertido en el principal destino terrestre. Para muchos haitianos, cruzar la frontera es la única alternativa real frente al mar, la violencia o el hambre.
Hoy existe un dato incuestionable: la presencia haitiana en la República Dominicana es estructural, no coyuntural. La última Encuesta Nacional de Inmigrantes (2017) registró cerca de medio millón de personas nacidas en Haití viviendo en el país, y más de seiscientas mil personas de origen haitiano. Las cifras actuales son inciertas, pero todas las estimaciones coinciden en que la población haitiana constituye el grupo migrante más numeroso del territorio nacional.
Más importante aún que el número es el lugar que ocupa esta población dentro de la economía dominicana.
La agropecuaria —arroz, café, cacao, plátano, ganadería, avicultura— depende de manera abrumadora de la mano de obra haitiana. En múltiples zonas rurales, prácticamente la totalidad de los trabajadores de campo son haitianos. La industria de la construcción funciona, en la práctica, sobre la base de esta misma fuerza laboral. El sector azucarero, desde hace décadas, se sostuvo casi exclusivamente gracias a trabajadores haitianos, promovidos en distintos momentos tanto por gobiernos haitianos como dominicanos.
A esto se suman otros espacios menos visibles pero igual de determinantes: la recolección de basura municipal, el servicio doméstico, la vigilancia privada, el mantenimiento de edificios, las labores turísticas, y, cada vez más, la presencia de profesionales haitianos en distintos servicios.
Aquí aparece la gran contradicción nacional.
Mientras una parte del discurso público denuncia una supuesta “invasión haitiana”, amplios sectores productivos del país no podrían subsistir sin esta mano de obra. Más aún: cuando se producen deportaciones masivas, son con frecuencia los mismos empleadores quienes financian el retorno irregular de los trabajadores expulsados.
La irregularidad migratoria no es solamente un problema humanitario; es también un problema fiscal y de institucionalidad. El Estado dominicano deja de percibir millones en impuestos y cotizaciones. Quienes realmente ganan son redes informales, traficantes de personas y estructuras binacionales.
La pregunta central no es cuántos haitianos hay, sino cuánta mano de obra extranjera necesita realmente la economía dominicana.
Definir cupos laborales, documentar a los trabajadores y combatir el tráfico humano permitiría fortalecer al Estado, proteger derechos y desmontar el negocio de la ilegalidad.
La República Dominicana es también un país de migrantes. Cerca de tres millones de dominicanos viven fuera y sostienen parte de nuestra economía con remesas.
Regular la migración laboral haitiana no es un gesto ideológico. Es una decisión de justicia social, de racionalidad económica y de fortalecimiento institucional.
Por Padre Marino Alcántara
