Santo Domingo. – El economista Luis Humberto Vargas aseguró que en la República Dominicana se desarrolla un proceso inflacionario incontenible, el cual, a su juicio, ha sido minimizado mediante una desinformación proveniente del Banco Central y respaldada por sectores del ámbito económico.
“Aquí hay un proceso inflacionario incontenible, donde son culpables también una parte importante de los economistas. Yo mismo señalé que la inflación era importada, y los datos que se ofrecieron fueron mal suministrados y mal recolectados”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Vargas explicó que la inflación general incluye la inflación subyacente, la cual impacta directamente los precios de los alimentos y los energéticos, por lo que consideró inadmisible que el presupuesto nacional se elabore sin un análisis técnico riguroso ni respeto al marco legal.
Presupuesto y violación de la ley
El economista criticó que, a su entender, al presidente de la República se le ha otorgado una “licencia” para violar de manera permanente la Ley de Presupuesto, con la complacencia del Congreso Nacional.
“Se le ha otorgado una licencia al presidente de la República para violar el presupuesto. El problema no es la persona, sino la institución. Pero hoy el responsable es el presidente Luis Abinader”, sostuvo.
El Congreso está integrado por “órgano de pega sello”
Vargas calificó al Congreso Nacional como un órgano de “pega sello”, al asegurar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados se limitan a aprobar las iniciativas que les envía el Poder Ejecutivo, sin ejercer su rol constitucional de legislar.
“Lo único que hace el Congreso es aprobar lo que le diga el presidente. Las leyes las manda el Ejecutivo, cuando debería ser el Congreso quien legisle, como manda la Constitución y el principio de separación de poderes”, afirmó.
El economista sostuvo que en la práctica no existe una verdadera separación de poderes, ya que las leyes no son elaboradas por el Congreso, sino enviadas desde el Ejecutivo a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
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Indicó que esta situación no debe analizarse desde lo personal, sino desde la responsabilidad institucional, señalando tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Constitución y de las normas presupuestarias.
Falta de diagnóstico y debate público
Asimismo, denunció que el presupuesto se aprueba cada año sin vistas públicas ni participación ciudadana, generalmente en diciembre, cuando la población está enfocada en las festividades, lo que impide un debate real.
“Aquí no hay vistas públicas para discutir el presupuesto de los dominicanos. Las leyes se aprueban sin diagnóstico, sin análisis técnico, se hacen leyes sobre salud, economía o finanzas sin que quienes las elaboran dominen ésos temas””, expresó.
Agregó que incluso muchos legisladores carecen de formación en áreas clave como economía, finanzas o salud, lo que según afirmó se refleja en la baja calidad de las leyes aprobadas.
Reclamo de indexación salarial no es nuevo
Vargas también abordó el debate sobre la indexación salarial, aclarando que este reclamo no es reciente ni exclusivo de figuras políticas actuales.
“Aquí no se respeta la indexación en general, y eso se viene denunciando desde hace mucho tiempo”, afirmó.
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Indicó que la propuesta fue sometida originalmente por José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, no por Omar Fernández y que economistas han advertido durante años sobre la falta de indexación de los salarios frente al aumento del costo de la vida.
“Más allá de quién lo plantee, el problema es que en la República Dominicana no se respeta la indexación, y eso afecta directamente el poder adquisitivo de la población”, dijo.
El economista explicó que la indexación salarial consiste en ajustar los ingresos de acuerdo con el aumento de la inflación, y denunció que este principio ha sido violado de manera sistemática en la República Dominicana.
Indicó que el ingreso mínimo básico, que debería estar indexado, permanece congelado desde el año 2017 en RD$34,600, lo que, a su juicio, representa una violación directa de la ley.
“Eso se estableció por ley y comenzó a violarse la propia ley, introduciéndolo directamente en el presupuesto, sin modificar la legislación correspondiente”, señaló.
Cuestiona método de fijación del salario mínimo
Vargas afirmó que no es necesario realizar consultas recurrentes para la fijación del salario mínimo, ya que desde hace décadas se propuso que este se estableciera a nivel congresual, con base en estudios técnicos y diagnósticos socioeconómicos.
Recordó que fue consultor del sector laboral en temas de salario mínimo y planteó que los niveles salariales deberían definirse tomando en cuenta las diferencias regionales del país.
“No es lo mismo trabajar en Loma de Cabrera que en Santo Domingo. Los niveles salariales deben establecerse con diagnóstico y pueden revisarse cada uno o dos años”, explicó.
Asimismo, Vargas calificó como un “disparate” la creación del Comité Nacional de Salarios, establecido en el Código de Trabajo de 1992, al asegurar que nunca ha funcionado de manera efectiva. Sostuvo que el proceso de consultas salariales ha estado históricamente desbalanceado, con una influencia determinante del Banco Central y del sector patronal, lo que, a su entender, ha limitado la posibilidad de establecer políticas salariales justas y acordes con la realidad económica del país.
Llama a una reforma estructural del sistema salarial
El economista concluyó que el salario mínimo en la República Dominicana aún está lejos de cumplir su función social, ya que no responde a criterios estadísticos ni a la realidad del costo de vida, especialmente de los sectores más vulnerables.
“No se trata del primer quintil ni del 20 % de referencia. Es un salario mínimo que todavía falta por construir con rigor técnico y estadístico”, puntualizó.
