La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, a propuesta del Gobierno del presidente Javier Milei.
La iniciativa fue respaldada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, por lo que ahora pasará al Senado para su eventual sanción definitiva. El proyecto establece además un sistema integral para el tratamiento de delitos cometidos por adolescentes.
El mandatario celebró la media sanción y agradeció a los legisladores que, según expresó en un comunicado oficial, dieron “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”. Asimismo, instó al Senado a tratar la reforma con urgencia para que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó en la red social X: “Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto”.
Durante el debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta al señalar que fue elaborada tras consultas con más de 30 especialistas en áreas como neurología y salud mental. Según explicó, estos expertos sostienen que a partir de los 12, 13 o 14 años un menor comprende plenamente que está cometiendo un delito.
En contraste, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, votó en contra y cuestionó la medida al considerar que profundiza la criminalización de jóvenes de sectores populares.
El proyecto establece que las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y que podrán cumplirse en el domicilio, en centros de menores o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios.
La propuesta original del Ejecutivo fijaba la edad mínima en 13 años, pero fue modificada a 14 tras críticas de distintos sectores. La Unión Cívica Radical apoyó la reforma al considerar que busca garantizar justicia para las víctimas y fomentar la responsabilidad adolescente.
De ser aprobada por el Senado, la iniciativa representaría un nuevo triunfo legislativo para el Gobierno de Milei, que recientemente logró también la aprobación de una reforma laboral en la Cámara Alta.
