SANTO DOMINGO, RD.- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra cuatro ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, imputadas en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
La corte confirmó la decisión de primera instancia que establece garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para las imputadas.
Las acusadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Todas permanecen en libertad al cumplir con la medida impuesta.
La menor perdió la vida durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros.
Tras la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables, entre ellos el presidente del colegio y los propietarios del lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista sostuvo que estas personas también debieron ser investigadas, al alegar que el centro educativo y la hacienda no habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil para la realización de ese tipo de actividades.
Durante la audiencia también estuvo presente la madre de la menor, Loveli Raphael, quien salió de la sala visiblemente afectada y entre lágrimas reiteró su llamado para que se haga justicia por la muerte de su hija.
El tribunal fijó para el 26 de marzo una nueva audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos. Mientras tanto, la defensa de las imputadas valoró la decisión judicial al considerar que la corte actuó conforme a derecho y rechazó la solicitud del Ministerio Público de aumentar la garantía económica.
