Ciudad de Panamá. – Las autoridades panameñas avanzan en la creación de una regulación unificada para prohibir el uso de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco en espacios públicos y privados, así como la publicidad y promoción de estos productos. La iniciativa busca proteger la salud de las futuras generaciones y facilitar la fiscalización de estos dispositivos en el país.
Los diputados de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional establecieron una mesa técnica para analizar y unificar tres proyectos de ley relacionados con la regulación del vapeo y productos similares. Entre ellos se encuentra el proyecto 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco, con o sin nicotina.
Asimismo, se revisan los proyectos 347 y 467, que contemplan la prohibición del uso de estos dispositivos en espacios públicos y privados, y regulan su publicidad, calidad y seguridad. El objetivo es generar una normativa clara, firme y coherente que proteja la salud de la población y promueva la recaudación fiscal por estos productos, que actualmente no están tasados.
El diputado Crispiano Adames, proponente del proyecto 263, afirmó que esta es “una gran oportunidad para consolidar una regulación concreta y decidida, protegiendo a menores de edad y estableciendo reglas claras sobre espacios públicos y privados, publicidad y promoción de estos productos”.
Anteriormente, la Ley 315 prohibía el uso y comercialización de estos dispositivos, pero fue declarada inconstitucional tras una demanda de asociaciones que defendían el derecho a opciones al tabaco tradicional. Posteriormente, en 2025, el Ministerio de Salud estableció un marco regulatorio parcial, centrado en la protección de menores.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Aduanas ha señalado que uno de los mayores retos es controlar el contrabando de estos dispositivos y garantizar su trazabilidad, priorizando la salud de la juventud panameña, según declaró Yoanny Prestán, jefa de Asesoría Legal de la entidad.
Panamá, al formar parte de tratados internacionales sobre control del tabaco, está obligada a implementar políticas de regulación de estos productos. Para complementar estas medidas, el Ministerio de Salud mantiene 52 clínicas de cesación de tabaco con atención gratuita, apoyadas por equipos de médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales.
Con esta iniciativa, Panamá busca cerrar vacíos legales y establecer un marco sólido que limite el tabaquismo, proteja a menores de edad y regule de manera efectiva los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, fortaleciendo la salud pública y la seguridad ciudadana.
