Santo Domingo.– El Ministerio Público acusó formalmente a 13 personas vinculadas a una poderosa red de narcotráfico internacional, responsable del cargamento de casi 10 toneladas de cocaína incautado en diciembre de 2024, como parte de la Operación Panthera 7.
La investigación, encabezada por la Procuraduría Especializada Antidrogas y la Dirección General de Persecución, revela que la organización movilizó aproximadamente 5 millones de dólares a través de criptomonedas y billeteras virtuales, en lo que constituye uno de los esquemas financieros ilícitos más sofisticados detectados en el país.
La procuradora Sourelly Jáquez explicó que los fondos eran transferidos mediante plataformas digitales hacia distintos destinos internacionales, incluyendo México y varios países de Europa, marcando además el primer caso en República Dominicana en el que se congelan criptoactivos vinculados al narcotráfico.
Entre los acusados figuran presuntos cabecillas y colaboradores de la red, así como empleados portuarios, incluidos supervisores, lo que evidencia el nivel de infiltración de la organización en estructuras clave.
El expediente también señala que se ocuparon documentos que evidencian pagos a autoridades y militares, aunque sin identificar nombres específicos, lo que refuerza la gravedad del caso.
Leer también: Solicitan medida de coerción contra Yailin La Más Viral tras hallazgo de armas en su vehículo
La droga, un total de 9,889 kilos de cocaína distribuidos en 9,587 paquetes, habría sido introducida al país desde Colombia por vía marítima, utilizando rutas en Bayahibe, La Romana y Pedernales, antes de su incautación en el Puerto Multimodal Caucedo.
Durante los operativos, en los que participaron 89 fiscales y más de 560 agentes, se incautaron más de 22 millones de pesos y dólares en efectivo, además de vehículos, contenedores, embarcaciones y armas de fuego.
El Ministerio Público calificó la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en la historia del hemisferio, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados.
Los acusados enfrentan cargos por violaciones al Código Penal, la Ley de Drogas, la Ley de Armas y la Ley contra el Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.







