Santo Domingo.– El dirigente político Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que en la República Dominicana se ha establecido como un patrón estructural lo que definió como la “democratización de la corrupción”.
Según explicó, lejos de tratarse de hechos aislados, las irregularidades denunciadas responden a un esquema recurrente caracterizado por el uso inadecuado de recursos públicos, violaciones a los procesos establecidos, debilidades en los mecanismos de control y fiscalización, así como una marcada ausencia de consecuencias.
“Lejos de tratarse de simples irregularidades que operan de manera aislada, los hechos reflejan un mismo patrón: uso inadecuado de los recursos, violación a los procesos, falta de control y fiscalización, recursos públicos comprometidos, y, sobre todo, una alarmante falta de consecuencias”, expresó Manzano en un despacho de prensa.
El dirigente indicó que las denuncias alcanzan instituciones clave del Estado, entre ellas el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) , los ministerios de Educación, Agricultura y Vivienda, así como programas y entidades como Supérate, el INTRANT, la OPTIC, el Programa de Medicamentos Esenciales, el Banco Agrícola y Seguros Banreservas.
Asimismo, advirtió sobre el impacto de estas prácticas en los organismos responsables de combatir la corrupción, señalando que un caso reciente que involucra a un procurador de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha generado preocupación sobre la credibilidad del sistema de persecución.
“Más preocupante aún resulta el impacto de estas prácticas en los órganos llamados a combatir la corrupción, dejando al país ante una peligrosa paradoja: quienes deben investigar, también son objeto de cuestionamientos”, sostuvo.
Manzano demostró que estos hechos evidencian una profunda crisis de confianza institucional, en la que la corrupción ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un mecanismo extendido que atraviesa sectores clave del Estado.
En ese sentido, planteó la necesidad de una respuesta firme por parte de las autoridades, enfocada en fortalecer los órganos de control, garantizar la independencia del sistema de justicia y establecer consecuencias reales para quienes administran de manera indebida los recursos públicos.
“El país exige acciones concretas que devuelvan la confianza ciudadana y aseguren la transparencia en la gestión pública”, concluyó.
