Nairobi.- Los gobiernos de Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) llegaron a un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde el país norteamericano, informó este domingo el Ministerio de Comunicación congoleño.
Estas deportaciones comenzarán este mismo mes de abril, en lo que Kinsasa describió como un «dispositivo de acogida temporal», y no un «mecanismo de reubicación permanente» ni una «externalización de políticas migratorias», según publicó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.
«La gestión logística y técnica del dispositivo será garantizada por el Gobierno estadounidense a través de estructuras especializadas en los movimientos de personas en todo el mundo. El Tesoro Público de la RDC no asumirá ninguna carga financiera», añadió el Ministerio.
Además, detalló que no se prevé ningún traslado automático y que cada caso será examinado de forma individual conforme a las leyes del país y su seguridad nacional, por lo que el Gobierno congoleño tendrá «pleno control» sobre las decisiones relativas a la admisión, condiciones de estancia, retirada de estatus temporal y los mecanismos de retorno.
Los migrantes deportados desde Estados Unidos será ubicados en infraestructuras situadas en la ciudad-provincia de Kinsasa, con el objetivo de garantizar un «seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario eficaz».
Este acuerdo, cuyas negociaciones adelantó EFE el día anterior, coincide con un acercamiento entre ambos países para acabar con el conflicto en las provincias congoleñas orientales entre el Ejército de la RDC y el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.
Cabe destacar que, desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por numerosas milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio a Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos que rechacen pactos de expulsión firmados con EE.UU. y han denunciado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
Un informe publicado el pasado febrero por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. muestra que Washington había gastado 40 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año.
