Santo Domingo.-El abogado Félix Portes denunció que el Ministerio de Industria y Comercio ha asumido una actitud evasiva frente al caso del creador de contenido Jefte Ventura, quien enfrenta un proceso judicial tras publicar presunto informes oficiales que señalaban presuntas irregularidades en la calidad del combustible expendido por la empresa Petromovil.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Portes aseguró que la institución “le ha dado la espalda” al tema, a pesar de ser la entidad que elaboró los informes citados por Ventura.
“Industria y Comercio es el testigo 1A de descargo de Jefte. Ellos tienen que referirse al tema. O su informe es errado y falso, o deben refrendarlo y confirmar que fue realizado correctamente”, expresó.
Solicitan aclaración del Ministerio
Portes insistió en que el Ministerio debe explicar si mantiene la validez técnica del estudio entregado a su defendido o si se desliga de su contenido.
“Tal vez la condición del combustible hoy no sea la misma que se encontró ese día, pero ese estudio de esa fecha era correcto. Industria y Comercio debe tomar cartas en este asunto”, afirmó.
El abogado agregó que están a la espera de la resolución judicial para cubrirla en apelación.
“Si mintió, quien debe estar en el banquillo es el Ministerio”
Portes sostuvo que Ventura no inventó información y que actuó basado exclusivamente en los documentos oficiales que recibió vía sentencia del Tribunal Superior Administrativo.
“Si lo que él dijo es mentira, el primero que debe estar en el banquillo de los acusados es el Ministerio de Industria y Comercio, porque todo lo que él ha dicho proviene de ese estudio”, señaló.
Niega que Ventura haya intentado extorsionar
El abogado calificó de “falsas” las acusaciones de Petromovil, que alegó que Ventura actuó con intención de extorsión.
Portes indicó que la empresa ha manejado el caso de manera inadecuada y que evalúa interponer una querella por difamación debido a declaraciones vertidas en una reciente rueda de prensa.
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“Él nunca pidió publicidad. La empresa ha usado su poder económico y mediático para darle un mal nombre. Ventura es un simple ciudadano que reprodujo informes oficiales”, expresó.
“Aquí investigan al denunciante, no la denuncia”
Portes criticó la rapidez con la que, según dijo, el Ministerio Público ha actuado contra Ventura.
“Es el primer caso de la Ley de Alta Tecnología donde se solicita prisión preventiva. Nos llama la atención la agilidad. Aquí la denuncia no ha sido investigada; el investigado es el denunciante”, afirmó.
El abogado advirtió que, bajo ese criterio, periodistas de investigación podrían ser perseguidos por divulgar informes públicos.
Medidas de coerción impuestas
Portes explicó que el juzgado rechazó la prisión preventiva y en su lugar impuso: Garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica y orden de alejamiento a 1,000 metros de estaciones de Petromovil.
De igual modo manifestó que el Ministerio Público cuenta con seis meses para concluir la investigación y decidir si presenta acusación formal.
Sobre el caso
Portes recordó que Industria y Comercio pagó más de RD$500 millones a una empresa para supervisar y analizar la calidad del combustible en estaciones del país. Ventura solicitó copia de esos informes mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y el TSA ordenó su entrega.
El documento recibido indicaba que un combustible específico vendido por la empresa cuestionada no cumplía los estándares de calidad, según la evaluación realizada en la fecha del estudio.
Ventura difundió esas conclusiones y señaló públicamente estaciones donde, según el informe, la calidad del combustible no era la adecuada. Petromovil respondió con una querella por difamación alegando que sus productos sí cumplen los requisitos y que Industria y Comercio nunca emitió el documento citado.
Finalmente, Portes aseguró que la controversia radica en determinar si: El informe del Ministerio es auténtico y válido, Ventura actuó dentro del derecho ciudadano a divulgar información oficial, o si la empresa fue víctima de difamación.
Portes insistió en que la prioridad debe ser investigar la denuncia original:
“Los consumidores merecen saber si el combustible que pagan está dentro de la norma”, concluyó.
