Santiago.-La Policía Nacional informó que dispuso una investigación interna para determinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con la actuación de miembros de la institución durante los hechos que culminaron con la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada, quien fue agredido por una turba de motoconchistas, en Santiago.
Según las indagatorias preliminares y el análisis de videos difundidos en redes sociales, el incidente inició cuando el conductor del camión recolector de desechos sólidos fue perseguido por varias calles de la ciudad por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente lograron interceptarlo.
Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, la víctima se detuvo brevemente en las proximidades de un destacamento policial, aparentemente con la intención de solicitar ayuda, aunque retomó la marcha segundos después.
Posteriormente, Abreu Quesada ingresó al área de estacionamiento del Palacio de Justicia, donde fue alcanzado por los agresores, quienes presuntamente le ocasionaron heridas de arma blanca.
De acuerdo con el reporte oficial, un agente policial asignado al área judicial realizó dos disparos disuasivos para dispersar a la multitud y evitar un linchamiento en el lugar, aunque para ese momento la víctima ya había resultado herida.
La institución indicó que se evalúa de forma integral la actuación del personal policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.
En ese sentido, los organismos de control interno profundizan las investigaciones para establecer si existió omisión, negligencia o cualquier otra conducta que comprometa la responsabilidad de algún miembro policial.
Por este caso, ocho motoconchistas fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público, señalados como presuntos responsables de la agresión que provocó la muerte del conductor.
La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos, asegurando que no permitirá actuaciones contrarias a los principios institucionales.
