La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó este viernes que el Ministerio Público (MP) probó la acusación por corrupción administrativa contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y demás implicados, destacando que “indiscutiblemente” el caso será enviado a juicio.
A través de una nota de prensa, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la solidez de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
A la salida de la audiencia, Ortiz señaló que las defensas “quisieron tender una cortina de humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba”. Al tiempo que aseguró que el órgano acusador logró demostrar todas las imputaciones contra los encartados.
Indicó que las defensas no abordaron los mensajes de WhatsApp presentados como evidencia, los cuales, según dijo, corroboran que la licitación ya había sido asignada a Gómez Canaán antes de formalizarse el proceso.
Resaltó que esas actuaciones evidencian un esquema de defraudación al Estado dominicano, “en el que se jugaba con cartas marcadas para favorecer a un proveedor con el que ya existían relaciones, a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Apertura a juicio
Ortiz representó al MP junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, quienes solicitaron al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra todos los acusados.
La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Según el MP, la investigación revela un entramado de corrupción que incluye fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, lavado de activos, falsificación, delitos tecnológicos y sabotaje a infraestructuras críticas, operaciones que se habrían desarrollado principalmente a través del Intrant y otras entidades.
El órgano acusador sostiene que el eje central del esquema es Gómez Canaán, quien, a través de vínculos societarios y financieros con varias empresas, habría liderado una red destinada a desviar fondos públicos y controlar infraestructuras estratégicas del Estado.
