Santo Domingo.– El académico, activista y ambientalista Luis Carvajal reaccionó a recientes declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, asegurando que estas evidencian un desconocimiento de aspectos clave de la legislación minera y del ordenamiento territorial en la República Dominicana.
“Me sorprende, porque siempre ha sido defensor de los agricultores, pero aquí parece ignorar lo que establece la ley”, expresó Carvajal durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
El ambientalista cuestionó la viabilidad del proyecto minero en Romero, en San Juan de la Maguana, señalando que las promesas de explotación a corto plazo y sin contaminación no coinciden con los documentos técnicos de la empresa involucrada.
Carvajal hizo un llamado directo a revisar sus planteamientos, al señalar que no circulará públicamente un nuevo documento con ese análisis, sino que lo enviará de manera personal, con el propósito de contribuir a encauzar el debate en los términos correctos y dentro del marco adecuado.
Un debate que va más allá de Romero
Carvajal afirmó que la posible explotación de la mina Los Romero es solo la parte visible de una discusión mucho más amplia sobre el modelo minero del país.
“Romero es el elemento incidental, mediático, de un debate mucho mayor”, sostuvo, al advertir que el tema trasciende lo ambiental e involucra derechos, propiedad y desarrollo territorial.
Impacto en el uso del territorio
El ambientalista alertó que las concesiones mineras en la Cordillera Central están generando cambios en el uso del suelo, incluso en fase de exploración. Explicó que estos terrenos, al ser declarados como áreas mineras, quedan sujetos a restricciones que afectan actividades como la agricultura, la ganadería y la construcción de viviendas.
“Hay miles de familias dentro de zonas concesionadas que ven limitados sus derechos sobre la tierra”, indicó.
Riesgos de expropiación y seguridad jurídica
Carvajal advirtió que, de avanzar los proyectos, los terrenos podrían ser declarados de utilidad pública y posteriormente expropiados.
“Esto podría trasladar la propiedad a manos de empresas mineras, afectando la seguridad jurídica de las comunidades”, afirmó, al tiempo que criticó que la legislación vigente prioriza la actividad minera sobre otros usos del suelo.
Cuestionamientos legales y ambientales
El activista insistió en que antes de realizar estudios de impacto ambiental debe llevarse a cabo una evaluación ambiental estratégica, la cual determine la viabilidad del cambio de uso del territorio.
“Entrar directamente a un estudio de impacto ambiental sin esa evaluación previa es violar la ley y cometer un error grave”, subrayó.
Desconfianza en la empresa y críticas al Gobierno
Carvajal también expresó su desconfianza hacia la empresa minera GoldQuest, asegurando que el proyecto no es de corto plazo como se ha planteado públicamente.
“No le creo a GoldQuest. Sus propios documentos hablan de un proyecto de largo alcance”, sostuvo.
Asimismo, criticó los planteamientos del ministro Joel Santos, al considerar que promueven un enfoque que ignora los marcos legales y la evidencia científica en materia ambiental.
Llamado a un debate nacional
El ambientalista reiteró la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el modelo minero en la República Dominicana, insistiendo en que no debe centrarse únicamente en un proyecto específico.
Anunció que presentará un documento con las disposiciones legales que, a su juicio, estarían siendo vulneradas con la iniciativa en Romero.
“Lo que se está planteando es un cambio profundo del territorio que va más allá del debate ambiental; es un tema de derechos, propiedad y modelo de desarrollo”, concluyó.
