Santo Domingo.– La decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, ha sido respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes la califican como una respuesta directa al reclamo ciudadano y a las preocupaciones ambientales de la zona.
Congresistas aseguraron que la medida ha sido recibida con satisfacción por amplios sectores de la provincia, al considerar que refleja un sentimiento colectivo de defensa del territorio y de sus recursos naturales.
El diputado de Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes, afirmó que “el pueblo está de fiesta”, al entender que el mandatario escuchó el clamor social que por largo tiempo se había expresado en contra del proyecto. Asimismo, destacó el impacto de la reciente marcha-caravana hacia el muro de la presa de Sabaneta, la cual calificó como “apoteósica”, señalando que toda la provincia se volcó en apoyo a la causa.
De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Frank Ramírez, sostuvo que la decisión no sorprende, al asegurar que el presidente ha mantenido una línea de actuación acorde con el sentir mayoritario durante su gestión. “El presidente actúa de acuerdo con el sentimiento de la mayoría”, expresó.
La disposición del presidente Abinader se produce en un contexto de creciente presión social en San Juan, donde autoridades locales, organizaciones comunitarias y líderes políticos habían manifestado su rechazo al proyecto, alegando posibles riesgos ambientales y sociales.
En contraste, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargán, mostró su desacuerdo con la medida, al considerar que decisiones de este tipo pueden afectar la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país. Frente a estas declaraciones, legisladores oficialistas cuestionaron que sectores empresariales prioricen intereses económicos por encima de las preocupaciones comunitarias.
En esa misma línea, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, defendió la decisión presidencial al señalar que responde a una visión de protección para las futuras generaciones. “La minería es temporal, pero sus impactos ambientales pueden perdurar y afectar a largo plazo”, advirtió.
Por su parte, el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, enfatizó que el “permiso social” es un elemento indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto extractivo. Indicó que la experiencia minera en el país no ha sido plenamente beneficiosa, citando casos como el de Pedernales y las operaciones de Falconbridge, donde, según explicó, los resultados no cumplieron con las expectativas en términos de desarrollo sostenible.
Otros legisladores aprovecharon la coyuntura para llamar la atención del Ejecutivo sobre conflictos similares en otras comunidades, como el caso de La Cuaba, donde residentes mantienen protestas contra la instalación de un vertedero por sus posibles efectos ambientales y en la calidad de vida.
